El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso que interpusieron varias diputaciones provinciales contra los artículos 2 y 3 del Decreto Ley 5/2012 de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral aprobado por la Junta de Andalucía.

Así lo ha confirmado en rueda de prensa en Granada el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Carlos Rojas, quien ha considerado una "buena noticia" esta admisión a trámite para que se "diriman claramente" los efectos de un "decretazo" con el que, en su opinión, la Junta intenta "arrebatar" competencias a los municipios, con un "ordena y mando".

"El decretazo es una decisión extrema de un gobierno extremista", ha considerado el portavoz, para quien con esta medida el Gobierno andaluz ha puesto "en jaque" 50.000 empleos en Andalucía y ha llevado a la "paralización" de "numerosos proyectos económicos", porque introduce una "inseguridad jurídica" para invertir.

Rojas se ha alegrado por tanto de que "se vaya a entrar en el fondo del asunto" y ha invitado a la Junta de Andalucía a "reflexionar" sobre "su forma de hacer política", porque "está paralizando la economía", en un momento en el que "se necesita crear empleo y dinamizarla".

Fue el pasado mes de enero cuando la vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos del PP-A, Alicia Martínez, anunció que diputaciones como las de Almería, Cádiz, Granada y Málaga presentarían el recurso ante el TC.

El PP-A entiende que el decreto del litoral "quita competencias a los ayuntamientos" y "suspende su capacidad" para aprobar planes de sectorización en suelo urbanizable. En segundo lugar, considera que el artículo 3 de este decreto "obliga" a los municipios a "cumplir el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) en un periodo máximo de ocho" y que esto va a "significa que planes que estaban adaptados a la Ley hasta 2004 se van a ver igualmente paralizados".

Y en tercer lugar, que ha sido "arbitrario e injustificado" que este decreto se haya tramitado como "decreto-ley". "No existía esa extraordinaria y urgente necesidad para que haya sido tramitado como decreto-ley", apostilló entonces Martínez.