El Consejo de ministros francés adopta el proyecto de ley sobre el derecho a exigir judicialmente una vivienda digna

Quijote
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El proyecto de ley sobre el derecho a la vivienda, cuya aplicación podrá ser exigida al Estado ante los tribunales, ha sido adoptado en Consejo de ministros, en lo que el presidente francés, Jacques Chirac, calificó de "considerable progreso social".

La iniciativa de la asociación "Hijos de Don Quijote", que el mes pasado levantó tiendas de campaña en el centro de París y luego en otras ciudades para las personas sin techo (Sin Domicilio Fijo, SDF), fue lo que llevó a Chirac a pronunciarse por el derecho a la vivienda exigible ante la justicia en su mensaje de fin de año.

Ante el Gobierno, Chirac dijo que está "al alcance" el objetivo de 120.000 nuevas viviendas sociales al año, y llamó a las colectividades locales y los responsables de la vivienda social a "redoblar sus esfuerzos para que cada uno pueda alojarse de forma decente".

Hay que redoblar esfuerzos para que cada uno pueda alojarse de forma decente

El objeto de la futura norma es que el Estado garantice el derecho a la vivienda de "toda persona que, residiendo en el territorio francés de forma regular y estable, no está en condiciones de acceder por sus propios medios a una vivienda decente e independiente o mantenerse en ella", señala el comunicado del consejo de ministros.

Según el proyecto, el derecho a la vivienda exigible ante los tribunales se aplicará desde el uno de diciembre de 2008 a cinco categorías.

Se trata de las personas sin techo, las amenazadas de expulsión sin recolocación, las albergadas de forma temporal o alojadas en locales insalubres o impropios, y las familias con hijos menores sin vivienda decente o que vivan en condiciones de hacinamiento.

Desde el uno de enero de 2012 se extenderá a todas las personas elegibles para viviendas sociales cuya demanda haya quedado sin respuesta durante un tiempo "anormalmente largo".

Favorecerá a tres millones de personas

Según la Fundación del Abad Pierre de ayuda a los indigentes, unos tres millones de personas podrían potencialmente valerse del derecho a la vivienda exigible ante los tribunales.Los demandantes deberán dirigirse primero a una comisión de mediación departamental, que examinará la urgencia de las peticiones y su validez, y las transmitirá al prefecto (delegado del Gobierno).

La comisión velará porque no haya abusos ni estafas, según el ministro de Empleo y Cohesión Social, Jean-Louis Borloo, para quien este texto tiene vocación de ser "un arma de disuasión".

Líneas del proyecto

Recalcó que el proyecto de ley subraya un doble proceso: el relanzamiento vigoroso de la construcción de viviendas en el país y la voluntad política de llevar el derecho a la vivienda al "mismo nivel que el derecho a la educación y a la salud".

Para evitar el "efecto llamada" en términos de inmigración o migración interna, el texto estipula que sólo podrá aplicarse a los inmigrantes legales y sólo después de un año de residencia en un municipio.

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