El PSOE tacha de "crueldad brutal" el repago hospitalario y pide la comparecencia de Mato

El PSOE ha pedido este viernes la comparecencia de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, para que explique los efectos del nuevo copago en medicamentos de dispensación hospitalaria ambulatoria con graves perjuicios a enfermos crónicos, según confirmaron en fuentes parlamentarias.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este jueves la resolución por la que los medicamentos de dispensación ambulatoria en el hospital, es decir, aquellos que "sin tener la calificación de uso hospitalario" sólo se dispensan a pacientes no hospitalizados en los servicios de farmacia de los hospitales, quedarán sometidos a partir del 1 de octubre para su dispensación al copago farmacéutico, con un límite de aportación reducida.

El líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la vicesecretaria general, Elena Valenciano, han arremetido contra esta medida, que han tachado como una medida de una "crueldad impensable, brutal e incomprensible", que además es "profundamente injusta".

"No se me ocurre nada más cruel que obligar a gente sin recursos a pagar para poder seguir viviendo", subraya Rubalcaba en un videoblog difundido a través de las redes sociales.

Rubalcaba cree que la decisión es "profundamente injusta y profundamente cruel" y advierte de que afectará a pacientes que "no tienen más remedio que seguir tomando las medicinas y que en muchos casos deben tomarlas de por vida".

A través de su página en la red social Facebook, Valenciano también reflexiona sobre la decisión del Gobierno.

"Obligar a las personas que sufren un cáncer, una hepatitis u otras enfermedades crónicas graves a pagar por sus tratamientos, que normalmente exigen no un medicamento, sino varios, es de una crueldad impensable", sentencia la "número dos" del PSOE.

Por su parte, la secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, pidió la dimisión de la titular de Sanidad ante este nuevo copago por "cebarse con los enfermos, castigando y empobreciendo a los más vulnerables".

"Ni en nuestra peor pesadilla podíamos imaginarnos que la sanidad pública sufriría tal ataque por parte del Gobierno de Rajoy y de la ministra Mato", añadió.

El diputado de Izquierda Unida y portavoz parlamentario de Sanidad, Gaspar Llamazares, considera que el "nuevo ataque" del Gobierno de Mariano Rajoy "demuestra la soberbia y el autoritarismo del conjunto del Ejecutivo, y en especial de la ministra Mato, hacia cualquiera que demuestra una debilidad, ya sea económica y ahora hasta de salud".

Para Llamazares, "este nuevo repago, el enésimo en el goteo que lleva imponiendo Ana Mato en el último año y medio, supone un ensañamiento con las personas más enfermas, tras lo hecho ya con los pensionistas, los inmigrantes y los usuarios del sistema sanitario público en general".

También varias comunidades autónomas han mostrado su rechazo a la medida. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha mostrado este viernes su desacuerdo con la decisión del Gobierno y ha asegurado que "desconocía" la medida.

En declaraciones a los periodistas en una visita institucional a Huelva, Díaz ha señalado que el Gobierno regional no está de acuerdo con que el coste adicional "lo sufran los ciudadanos", ya que considera que deben ser las grandes industrias las que lo afronten.

En ese sentido, ha precisado que "ahora toma sentido aquella medida de subasta de medicamentos, ahora se entiende con claridad por qué el Gobierno andaluz la lideraba".

Ha señalado que en el Ejecutivo regional han tenido conocimiento de la decisión del Ejecutivo con su publicación en el Boletín Oficial de Estado (BOE) y ha afirmado que estudiarán qué "capacidad de margen" tienen, en relación a su aplicación o no.

Ha reiterado que nunca estará a favor de que el coste adicional del gasto farmacéutico lo tengan que pagar unos ciudadanos "que están pagando la inmensa mayoría del coste de la crisis", ya que "ahora el esfuerzo le corresponde a otros que no lo han hecho en estos cinco años".

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se dirigirá al Gobierno de la nación para que "no llegue a aplicarse" el copago de las medicinas que se dispensan en los hospitales a enfermos crónicos y de larga duración.

A preguntas de los periodistas tras firmar este viernes en Burgos un convenio para ceder el antiguo hospital militar burgalés a la Universidad de Burgos, Herrera ha asegurado que este viernes ha mantenido conversaciones con presidentes de alguna otra comunidad autónoma que también se opondrán a la medida.

En su opinión, se trata de una postura "que hay que defender por coherencia y porque se trata de medicamentos que los pacientes deben consumir necesariamente y no se aprecia que vaya a producir ningún ahorro razonable".

Por su parte, el lehendakari, Íñigo Urkullu, ha anunciado que el Gobierno Vasco aprobará, "probablemente" el 15 de noviembre, un decreto para "compensar" por el nuevo sistema de repago farmacéutico a los sectores sociales más desfavorecidos, en el que no solo se incluirá a los pensionistas con ingresos inferiores a los 18.000 euros, sino también, entre otros, a los parados que hayan perdido "todas las posibilidades de prestaciones".