El Grupo Parlamentario Socialista ha acusado este viernes a la Junta de Castilla y León de pretender usar el crédito extraordinario de 277,8 millones de euros al que podrá acceder por la flexibilización del objetivo del déficit para este año para cubrir la financiación normal de 2013 y "tapar agujeros" y no para gasto social, como se había anunciado.

"Tanta ilusión, tanta expectativa y anuncio y la inmensa mayoría se va a destinar para tapar agujeros", ha lamentado el secretario de Política Económica del PSCyL para quien, más allá de la cantidad final por la que se endeudará la Junta —los socialistas abogan por agotar el margen y suscribir una deuda de 310 millones de euros, según sus cálculos—, "lo peor de todo" es que la Junta utilizará ese crédito extraordinario para pagar partidas como nóminas o la Seguridad Social de los trabajadores de Fomento que se tendrían que haber cubierto con el presupuesto ordinario.

En el mismo sentido se ha pronunciado el portavoz de Hacienda en el Grupo Socialista, José Francisco Martín, quien ha lamentado que sólo se vaya a dedicar una parte de ese crédito extraordinario para compensar los recortes llevados a cabo este año, con 20 millones de euros para la Renta Garantizada de Ciudadanía, 10 millones para un plan de empleo y 5,7 millones para financiar conciertos con clínicas privadas.

"A partir de ahí —242,1 millones— se acaba el incremento del gasto social y se usa para cubrir la financiación normal del Presupuesto de 2013", ha asegurado Martín, para quien "la prueba del nueve" está en una ampliación de crédito por valor de 5,13 millones de euros en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para abonar la Seguridad Social del personal laboral y no laboral.

"Hasta qué punto hemos llegado que lo necesitan y usan para pagar la Seguridad Social", ha exclamado Martín, para quien los suplementos de crédito asignados a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente son "de aurora boreal" ya que se han consignado partidas como 12 millones de euros para inversión en terrenos forestales o 850.000 euros para telecomunicaciones, en su opinión, "para pagar teléfonos".

Martín ha cuestionado también la consignación de sendos subprogramas por 80.000 y 250.000 euros para pagar el IBI o los 33 millones de euros previstos para ejecución de obras en carretera y ferrocarril que se tendrán que ejecutar en lo que queda de año cuando a 31 de julio el departamento que dirige Antonio Silván tenía 77 millones de euros de inversión sin ejecutar, a los que ha sumado los 366 millones pendientes de los años 2011 y 2012.

Sin dinero para becas

"Saben que no va a ser así y quieren venderlo como gasto social, que tiene su complicación", ha ironizado el portavoz de Hacienda, quien, tras estudiar el proyecto de ley de crédito extraordinario aprobado ayer en el Consejo de Gobierno, ha advertido de que tampoco constan partidas para el aumento de becas, como anunció la pasada semana el consejero de Educación, Juan José Mateos.

Martín ha expresado sus dudas respecto al destino final de una partida por valor de 28 millones de euros en la Consejería de Educación para retribuciones básicas de funcionarios, si bien ha preferido creer que será para contratar a los profesores que han sido despedidos en anteriores cursos, para lo que ha reclamado una convocatoria de plazas.

En cuanto a la Gerencia de Salud sólo ha reconocido 5,7 millones de euros para la aplicación del "magnífico plan de lucha contra las listas de espera", ha lamentado que no se contemplen partidas para inversión nueva y ha advertido de que los subprogramas para financiación de productos farmacéuticos, implantes o hemoderivados serán para pagar lo que ya se debe.

"Qué pasa, si es adicional ¿no eran necesarios o estaban restringiendo esos medicamentos?", se ha preguntado Martín, para quien estos datos demuestran que el crédito extraordinario que suscribirá la Comunidad Autónoma no servirá "en absoluto" para compensar los recortes.

Del mismo modo, ha puesto el debe en los 20 millones de euros añadidos a la Gerencia de Servicios Sociales para las trasferencias a corporaciones locales contempladas en el acuerdo marco para las que considera que no había financiación suficiente hasta la fecha y ha cuestionado otra partida de 510.000 euros para una transferencia a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

Tanto Martín como López han reclamado a la Consejería de Hacienda una explicación de dónde salen los 277,8 millones de euros para el crédito extraordinario y una aclaración del gasto social que se cubrirá con todas las partidas y subprogramas contemplados en el proyecto de ley, lo que ayudará a decidir el voto final del Grupo Socialista en el pleno de la próxima semana en el que se votará esta norma.