El portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha aclarado este jueves que la decisión de la Comisión Europea de reclamar las ayudas concedidas en 2005 a los operadores de plataformas de televisión digital terrestre por ser ilegales afecta a todas las comunidades autónomas al mismo tiempo que ha explicado que corresponde al Gobierno de la nación decidir la estrategia a seguir ahora, como recurrir o no.

"Parece que ahora es irregular", ha admitido el portavoz de la Junta, quien ha asegurado que se trata de una decisión conocida ayer y que todavía no se han mantenido contactos con el Gobierno de la nación. "No se sabe qué estrategia se va a seguir", ha continuado De Santiago-Juárez, que ha reiterado que este asunto afecta a toda España y que tendrán que ser las empresas, en cualquier caso, las que se hagan cargo de la devolución de las ayudas.

La Comisión Europea dio ayer cuatro meses de plazo al Gobierno de España para que recupere 236 millones de euros de subvenciones que considera ilegales —37,7 millones en el caso de Castilla y León— y que se concedieron en 2005 a operadores de plataformas de televisión digital terrestre para facilitar el despliegue de la TDT en regiones remotas, coincidiendo con el 'apagón analógico'. El dictamen no afecta a las cadenas de televisión.

La decisión de la Comisión Europea, cuya versión completa se ha dado a conocer esta semana, señala que España tiene la obligación de garantizar que el dictamen "se aplique en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de notificación". En junio, la Comisión ya declaró ilegales las ayudas por discriminar a otras tecnologías.

En la versión completa de la decisión hecho público ahora, Bruselas fija los plazos en los que el Gobierno tendrá que recuperar esas subvencionas, y cuantifica la cuantía de los fondos que se repartieron, aunque no especifica los operadores que recibieron las ayudas, ya que "España no ha facilitado una información exhaustiva sobre los beneficiarios".

En cuanto los plazos, la Comisión señala que la decisión debe cumplirse en el plazo de cuatro meses. Antes, dos meses a partir de la notificación de la presente decisión, España debe presentar la lista de beneficiarios que hayan recibido ayuda en virtud del régimen y el importe total de la ayuda recibida por cada uno de ellos, una descripción detallada de las medidas ya adoptadas y documentos que demuestren que se ha ordenado a los beneficiarios que reembolsen la ayuda.

Además, Bruselas señala que las cantidades pendientes de recuperación devengarán intereses desde la fecha en que se pusieron a disposición de los operadores hasta la de su recuperación y obliga a España a cancelar todos los pagos pendientes.

En total, Bruselas reclama a España que recupere 236 millones de euros en subvenciones concedidas para financiar la transición de la televisión analógica a la televisión digital terrestre en las regiones remotas de España. Abertis y Retevisión fueron los principales beneficiarios directos de las licitaciones, según el dictamen.

La Comisión entiende que estas ayudas son ilegales porque se destinaron exclusivamente a los operadores terrestres, discriminando a otras tecnologías como el satélite, el cable o Internet, y no fueron notificadas al Ejecutivo comunitario.

Aunque en la decisión no se detallan los beneficiarios últimos —los operadores de red que recibieron las ayudas—, sí que se concreta las subvenciones que se concedieron por comunidades autónomas, encabezando el ránking Cataluña (52,3 millones de euros), Castilla y León (37,7 millones), Aragón (20 millones), Galicia (17 millones), Comunidad Valenciana (16,6 millones) y Andalucía (15 millones de euros).

Le siguen País Vasco (14,7 millones), Asturias (13,7 millones), Extremadura (10 millones), La Rioja (7,9 millones), Cantabria (7,7 millones), Navarra (6,9 millones), Canaria (5,8 millones), Madrid (3,6 millones), Baleares (3,2 millones), Murcia (2,7 millones), Melilla (256.000 euros) y Ceuta (155.786 euros).

A estas regiones abría que añadir Castilla-La Mancha, que Bruselas no incluye en su dictamen, ya que lo está estudiando a parte, porque además de una posible discriminación tecnológica, existen alegaciones de discriminación contra operadores de plataformas terrestres regionales y locales.

A raíz de la denuncia de un operador de plataforma por satélite, la Comisión inició en 2010 una investigación detallada sobre el plan español. El análisis puso de manifiesto que, en efecto, la medida financió exclusivamente la digitalización de la tecnología terrestre, mientras que otras plataformas alternativas, como el satélite, el cable o internet, no pudieron acogerse a esas subvenciones.

Por ello, el Ejecutivo comunitario ha concluido que la medida española falsea indebidamente la competencia entre los operadores de TDT y operadores que utilicen otras tecnologías. "Los primeros han recibido una ventaja indebida en relación con sus competidores, por lo que deben reembolsar esas subvenciones improcedentes al contribuyente español", ha dicho la Comisión en un comunicado.

Según señala Bruselas, el principal operador de la red terrestre es Abertis. Asimismo, hay una serie de operadores de telecomunicaciones locales que transportan las señales de TDT y suelen estar interconectados con la red nacional de Abertis. Muchos operadores locales que también recibieron fondos no deberán devolverlos porque no superan el umbral mínimo para ser considerados ayudas públicas por Bruselas