El exviceconsejero de Presidencia y exdirector general de Presupuestos de la Junta de Andalucía Antonio Vicente Lozano se ha acogido este jueves a su derecho constitucional a no declarar tras responder a unas cinco preguntas formuladas por la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ya que entiende que "no se están respetando sus garantías" a lo largo del interrogatorio realizado por Mercedes Alaya.

Fuentes del caso han informado a los periodistas de que, desde el principio, la comparecencia ha estado marcada por la "tensión" y por distintos "incidentes" entre la magistrada y el imputado, que al comienzo de la comparecencia ha dicho que estaba dispuesto a prestar declaración siempre que él "dictara" al funcionario las respuestas que debían recogerse en el acta, a lo que la juez finalmente accedió tras preguntarle: "¿si usted dicta las respuestas, lo intentamos, vale?".

A lo largo del interrogatorio, la juez, que imputa a Lozano haber tramitado 12 expedientes de modificación presupuestaria entre 2002 y 2009 por valor de 57 millones de euros, ha llegado a espetarle "si quiere declarar, declare, pero no siga con el teatro".

Pues bien, una vez contestadas únicamente cinco preguntas de la juez, el imputado ha decidido acogerse a su derecho constitucional a no declarar al "sentir que no se están respetando sus garantías", tras lo que ha comenzado a celebrarse la comparecencia de medidas reales, en la cual la Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado medida alguna, mientras que las acusaciones ejercidas por PP y Manos Limpias han pedido una fianza de responsabilidad civil de 76 millones de euros.

Esta petición de cantidad se corresponde con los 57 millones a los que ha aludido la juez más el tercio legal previsto. La comparecencia se ha suspendido durante 30 minutos a petición del letrado del exalto cargo.

Durante la comparecencia, Lozano ha reconocido que las transferencias de financiación no se pueden emplear para otorgar subvenciones excepcionales, aunque ha negado conocer nada irregular respecto a los fondos que se investigan, partidas que, según ha dicho, eran aprobadas por el Parlamento andaluz.