La Comisión Europea ha dado cuatro meses de plazo al Gobierno de España para que recupere 236 millones de euros de subvenciones que considera ilegales y que se concedieron en 2005 a operadores de plataformas de televisión digital terrestre para facilitar el despliegue de la TDT en regiones remotas, coincidiendo con el 'apagón analógico'. El dictamen no afecta a las cadenas de televisión.
La decisión de la Comisión Europea, cuya versión completa se ha dado a conocer esta semana, señala que España tiene la obligación de garantizar que el dictamen "se aplique en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de notificación". En junio, la Comisión ya declaró ilegales las ayudas por discriminar a otras tecnologías.
En la versión completa de la decisión hecho público ahora, Bruselas fija los plazos en los que el Gobierno tendrá que recuperar esas subvenciones, y cuantifica la cuantía de los fondos que se repartieron, aunque no especifica los operadores que recibieron las ayudas, ya que "España no ha facilitado una información exhaustiva sobre los beneficiarios".
En cuanto los plazos, la Comisión señala que la decisión debe cumplirse en el plazo de cuatro meses. Antes, dos meses a partir de la notificación de la presente decisión, España debe presentar la lista de beneficiarios que hayan recibido ayuda en virtud del régimen y el importe total de la ayuda recibida por cada uno de ellos, una descripción detallada de las medidas ya adoptadas y documentos que demuestren que se ha ordenado a los beneficiarios que reembolsen la ayuda.
Además, Bruselas señala que las cantidades pendientes de recuperación devengarán intereses desde la fecha en que se pusieron a disposición de los operadores hasta la de su recuperación y obliga a España a cancelar todos los pagos pendientes.
En total, Bruselas reclama a España que recupere 236 millones de euros en subvenciones concedidas para financiar la transición de la televisión analógica a la televisión digital terrestre en las regiones remotas de España. Abertis y Retevisión fueron los principales beneficiarios directos de las licitaciones, según el dictamen.
La Comisión entiende que estas ayudas son ilegales porque se destinaron exclusivamente a los operadores terrestres, discriminando a otras tecnologías como el satélite, el cable o Internet, y no fueron notificadas al Ejecutivo comunitario.
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