El Gobierno francés ha presentado este miércoles en Consejo de Ministros su plan de reforma de las pensiones de jubilación, que mantiene los 62 años como edad a partir de la cual se podrá cobrar una pensión completa, pero que aumenta los años de cotización para obtenerla.

El plan es una medida del Gobierno socialista que preside Jean-Marc Ayrault con el propósito de evitar la quiebra del sistema mediante, entre otras medidas, el aumento del número de años de cotización que darán derecho a cobrar las pensiones.

París proyecta aumentar entre 2020 y 2035 y de manera progresiva la duración de las cotizaciones, a un ritmo de un trimestre cada tres años, de forma que los franceses nacidos en 1973 deberán haber cotizado 43 años para recibir la pensión completa, frente a los actuales 41,5 años para los nacidos en 1956.

El déficit del sistema de pensiones está previsto que llegue a los 21.000 millones de euros para 2020, y en un intento por equilibrarlo, el Gobierno ha apostado principalmente además por aumentar las cotizaciones salariales y patronales.

La reforma fue objeto de una protesta sindical el pasado 10 de septiembre y comenzará a debatirse en la Asamblea Nacional el próximo 7 de octubre.

Con el fin de que los jubilados aporten también a las arcas del Estado para enjugar el déficit, el plan prevé que la revalorización anual de las pensiones no se aplique cada 1 de abril, sino desde el 1 de octubre, lo que proporcionará, según el Gobierno, unos ingresos de 1.400 millones de euros en 2020.

El plan de reforma fue anunciado el pasado agosto tras la concertación con las centrales patronales y sindicales, que posteriormente convocaron una jornada de protesta, el pasado 10 de septiembre. La protesta tuvo esencialmente un carácter simbólico por su discreto seguimiento y por ser la primera del nuevo curso político, y a ella acudieron los sindicatos CGT, FSU, FO y Solidaires, para los cuales el peso de las medidas anunciadas por el Ejecutivo va a recaer en los asalariados y los jubilados.

El alza en las cotizaciones sociales, según el Ejecutivo, se va a realizar de forma leve y progresiva, al igual que la duración de las cotizaciones, que espera poder frenar en 2035, porque tal y como anunció en agosto el primer ministro, Jean-Marc Ayrault, se confía en que a partir de entonces la propia demografía permita reequilibrar el sistema.

El plan prevé medidas adicionales a favor de los colectivos más castigados, como las mujeres o quienes se hayan dedicado a trabajos más duros, y los sindicatos reclaman que ese tipo de promesas sean cumplidas.

Antes del paso por el Consejo de Ministros, la responsable de la cartera de Asuntos Sociales, Marisol Touraine, aseguró que el plan de reforma se basa en preceptos que calificó de "equilibrados en su conjunto", por lo que pidió que se mantengan durante el debate parlamentario del proyecto. El paso del plan por la Asamblea Nacional comenzará el próximo 7 de octubre.

Touraine insistió, en unas declaraciones al canal de televisión BFM-TV, en que la reforma tiene como objetivo "salvar nuestros regímenes de jubilación" y reiteró que se trata de un plan "de futuro y de progreso". "Se pide al conjunto de los franceses que hagan un esfuerzo medido", dijo la ministra, quien aseguró que con la reforma "no habrá una disminución de las pensiones".

Touraine precisó que las medidas destinadas a facilitar que las personas con trabajos más penosos físicamente se jubilen antes costarán unos 800 millones de euros en 2020 y señaló que esta cantidad será aportada por las empresas y el Estado.

En un sondeo publicado hoy por el diario Le Parisien el 81% de los franceses consultados manifiesta inquietud por el futuro de su pensión y solo un 15% considera que no hay que preocuparse. El 69% de los consultados estima que la reforma del Gobierno socialista "va en mala dirección", pero el apoyo a las movilizaciones sindicales es más matizado: solo el 42% las ve con simpatía.