El portavoz parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, ha criticado que el PP-A dé "por solucionada" la problemática de los desahucios en España cuando, según ha indicado, sigue habiendo "suicidios" por este asunto, como el que se producía ayer en el barrio madrileño Carabanchel cuando una mujer se quitaba la vida por una orden de desalojo de su vivienda "dada por la empresa pública de Madrid por una deuda de 900 euros".

Castro se refería así a las declaraciones de la vicesecretaria de Política Social del PP-A, Dolores López Gabarro, quien afirmaba este martes que el anteproyecto de ley para la protección de los derechos de los consumidores y usuarios en la contratación hipotecaria aprobado por el Consejo de Gobierno llegaba "casi un año tarde", después de que el Gobierno de Mariano Rajoy haya "paralizado" los desahucios en el país.

El dirigente de IULV-CA, que ha considerado "muy desafortunadas" estas palabras, ha pedido al PP-A que "se centre un poquito" y que deje de hacer declaraciones que suponen "un insulto" a la ciudadanía. "En vez de que vayan cogiéndose la vez para ver quien dice más barbaridades, deberían serenarse y contribuir a solucionar la situación", ha añadido.

Tras garantizar que su formación va a seguir "empecinada" en la defensa del derecho a la vivienda, "aprovechando hasta el último resquicio normativo", Castro se ha mostrado satisfecho con las mejoras que ha sufrido el decreto de función social de la vivienda durante su trámite como proyecto de ley en la Cámara andaluza.

Según ha explicado la portavoz de IULV-CA en materia de vivienda, Inmaculada Nieto, dicho decreto, recurrido por el Gobierno de la Nación al Tribunal Constitucional (TC), se ha visto "enriquecido" gracias a las aportaciones de las organizaciones sociales que han comparecido durante dicha tramitación.

Así, se ha ampliado la protección a los avalistas, a los autónomos y a las personas que habían firmado una hipoteca puente, según ha precisado la diputada de IULV-CA, quien ha dicho esperar que el Gobierno de la Nación entre en razón y no vuelva a recurrir esta normativa ante el Tribunal Constitucional, aunque cree que "nada apunta a una rectificación del PP".

"Se trata de una normativa perfectamente anclada en el Estatuto de Autonomía y en la Constitución", ha afirmado Nieto, quien ha aseverado que las razones que el Gobierno central dio para recurrir el decreto-ley están "perfectamente solventadas", por lo que no habría motivos para presentar un nuevo recurso que podría paralizar la normativa hasta cinco años.