El portavoz del Grupo Municipal de IU en Segovia, Luis Peñalosa, ha reclamado al Ayuntamiento que se una al llamamiento del Procurador del Común a Junta y Gobierno central para regular cuanto antes el concepto de vivienda vacía, de manera que se pueda aplicar un recargo en la cuota líquida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a estos inmuebles, que suman casi 5.000 en la capital, el 17 por ciento del parque.

Con ello se pretende promover el acceso a un domicilio, en la medida en que esto sirva para sumar casas al mercado de alquiler, así como incrementar la recaudación de las administraciones.

Peñalosa, que defenderá una moción en este sentido en el próximo Pleno, no ha descartado que se puedan poner además en marcha otras acciones que sirvan para sanear las cuentas públicas sin que el esfuerzo recaiga en los sectores que difícilmente pueden soportar más presión fiscal.

Por ello, ha señalado este miércoles en rueda de prensa, el Ayuntamiento de Segovia debe explorar otras vías para aumentar la progresividad del IBI y el resto de tributos que recauda, de modo que consiga ingresar más y de manera más justa.

A través de la moción, su Grupo Municipal propone que en los meses previos a la redacción de las ordenanzas fiscales para 2014 el Ayuntamiento realice los trabajos técnicos necesarios para poner en marcha el recargo sobre la tasa inmueble en las casas desocupadas.

Asimismo, insta al Consistorio a estudiar con tiempo suficiente las posibilidades técnicas de aplicar un mayor gravamen en el IBI a las viviendas de lujo, es decir, aquellas con un valor catastral superior a 400.000 euros, así como a las empresas con altos beneficios, cuya cuantía será fijada por el Ayuntamiento.

El portavoz de IU ha recordado la resolución emitida el pasado 28 de junio por el Procurador, en la que sugiere a la Administración regional planes para proteger de forma eficaz el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada. Entre ellas, referente al ámbito de las corporaciones locales, trasladó la posibilidad de aplicar recargos de hasta el 50 por ciento de la cuota líquida del IBI.

El Procurador, según ha explicado el portavoz de IU, incidió en que poseer una vivienda digna es un derecho reconocido constitucional y estatutariamente, por lo que las administraciones públicas tienen la obligación de tomar medidas para hacerlo efectivo, sin que la austeridad presupuestaria pueda ser excusa.