Los procuradores españoles han dado este martes inicio a un calendario de movilizaciones con el que pretenden mostrar su "rechazo" al anteproyecto de ley de Colegios y Servicios Profesionales que impulsa el Gobierno porque consideran que "perjudica" a la administración de justicia, a los ciudadanos y supondrá una "absoluta incoherencia legislativa".

Por ello, el colectivo no descarta una huelga en el sector y estudia qué medidas "contundentes" adoptar si sus protestas no logran evitar la aprobación de esta nueva normativa, que supondrá acabar con la incompatibilidad entre la profesión de abogado y procurador.

En rueda de prensa en Granada después del pleno extraordinario del Consejo Andaluz de Procuradores, el vicepresidente del Colegio General de Procuradores de España (CGPE), Javier Carlos Sánchez García, ha hecho un repaso sobre lo que supondrá la nueva ley y sus consecuencias, y ha negado que vaya a suponer un ahorro económico.

De hecho, a juicio de los procuradores, su aprobación supone una "absoluta incoherencia legislativa, primero porque el papel del colectivo está recogido en el Libro Blanco de la Justicia (libro cabecera del legislador), y segundo porque ya en 2009, con la aprobación de la Ley ómnibus, todos los grupos parlamentarios, incluido el PP, acordaron "por unanimidad" el mantenimiento de la incompatibilidad entre abogados y procuradores, a lo que se suma el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil, que ya en mayo fue aprobado contemplando el incremento de las funciones de los procuradores.

Para Sánchez García, el anteproyecto que promueve ahora el Gobierno va a conllevar un "retroceso total" en la administración de la justicia, y un "estancamiento absoluto" en la implantación de las nuevas tecnologías, que ha permitido las notificaciones telemáticas por el sistema Lexnet, además de un incremento del coste del servicio en un 50 por ciento, que tendrá que asumir el ciudadano.

Por todo, el colectivo se está movilizando, va a iniciar una ronda de contactos institucionales para recabar apoyos contra este anteproyecto, y ha comenzado a recoger firmas contra esta propuesta, y ya han conseguido más de 40.000.

Asimismo, si estas medidas no fueran efectivas no descartan secundar una huelga, porque, aunque los procuradores son un colectivo "liberal" y no es probable que lleven a cabo este tipo de medidas, todos los trabajadores que trabajan en el sector sí que podrían hacerlo, lo que conllevaría "una paralización total de la justicia española".