La reforma de las pensiones propuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy supondría un recorte de cerca de 33.000 millones de euros en la Seguridad Social en los próximos nueve años, debido a la aplicación del nuevo índice de revalorización que desligará la subida de las pensiones de la evolución del IPC, lo cual supondría una merma en las prestaciones de los jubilados españoles para la próxima década.

Según consta en la memoria que analiza el impacto de la reforma —la cual ya está en manos del Consejo Económico y Social (CES) tras su paso por el Consejo de Ministros del pasado viernes—, la aplicación del nuevo índice de revalorización de pensiones provocaría un recorte estimado de 809,6 millones en 2014, primer año de su aplicación. Esa cifra irá aumentando progresivamente hasta estabilizarse en el entorno de los 5.000 millones anuales en el periodo 2019-2022.

El factor de sostenibilidad, que adaptará el cálculo de la pensión inicial a la evolución de la esperanza de vida, comenzaría a aplicarse en 2019, de forma que el recorte en la Seguridad Social no se notará hasta 2030. Para ese año la memoria cifra 'el ahorro' al sistema en el 0,1% del PIB (alrededor de 1.000 millones), en tanto que lo eleva al 0,4% del PIB en 2040 y al 0,6% del PIB en 2050.

El anteproyecto de ley establece que el índice de revalorización se determinará anualmente teniendo en cuenta el número de pensiones contributivas y los ingresos y gastos del sistema durante once años, entre otros parámetros.

La memoria pone como ejemplo que para el cálculo del índice en 2014 hay que tener en cuenta los ingresos y gastos de los últimos cinco años, los de 2013 y los previstos para los cinco años siguientes (2014-2018). En cualquier caso, el resultado de la fórmula nunca podrá dar lugar a un incremento anual inferior al 0,25% ni superior a la subida del IPC más el 0,25%.

La memoria no hace una proyección de cuánto subirán las pensiones en los próximos años conforme al nuevo índice, pero sí calcula cuánto habrían subido en los último años, de tal forma que en 2012 y 2011 sólo se habrían incrementado el mínimo, un 0,25%.