Los anteriores dueños británicos de la fábrica B3 Cable de Maliaño tendrán que rendir cuentas ante los tribunales y explicar el supuesto desvío de fondos por importe de 6,3 millones de euros a paraísos fiscales con motivo de la operación de compraventa de la fábrica camarguesa realizada en 2008.

Varios de los antiguos propietarios ya han sido llamados a declarar, en el marco de un proceso iniciado a finales del año pasado, cuando los administradores concursales de la planta emitieron un informe en el que apuntaban ya al presunto fraude cometido por los británicos, acusados de pagar con dinero de B3 facturas a una empresa de la que también eran socios.

Ante esto, los administradores concursales emprendieron una doble vía, civil y penal, para intentar recuperar el dinero defraudado y, también determinar si hay algún tipo de responsabilidad patrimonial, según han explicado a Europa Press fuentes de esta administración.

El primero de los pasos de este "largo camino" y de forma paralela al proceso concursal de B3 fue declarar, a comienzos de 2013, el concurso de acreedores culpable, con el fin último de que los anteriores dueños sean condenados y que restituyan el dinero defraudado.

A continuación, los administradores contrataron un despacho de detectives para localizar los inmuebles propiedad de los británicos. La mayoría de sus casas y chalets se hallan en Inglaterra, aunque dos de ellos tienen también en España, concretamente en Mallorca.

Una vez localizadas las propiedades, se ha dictado, a través de la titular del Juzgado de lo Mercantil de Santander, el embargo preventivo de las mismas en España, para evitar así su venta hasta que se resuelva el caso. Esta medida cautelar se ha dictado también en Inglaterra.

De momento, varios de los dueños ingleses involucrados en el supuesto fraude han sido ya llamados a declarar en nuestro país, mientras que la querella criminal aún está pendiente de ser admitida a trámite en los juzgados.

Los administradores concursales esperan que esta última siga adelante y confían en que el proceso civil dé resultados en el plazo de un año.

Tras señalar que "quizá no todos" los anteriores dueños de B3 tengan responsabilidad y que puede que ésta sea "en distinta medida", confían en que se esclarezca lo ocurrido y se determinen las oportunas responsabilidades.

Por último, han aclarado que este proceso no afecta "para nada" al futuro de la fábrica camarguesa, que acaba de ser adjudicada a la empresa alemana Südkabel, del grupo industrial Wilms, ya que de confirmarse el fraude y recuperar el dinero, la cuantía se destinaría principalmente a hacer frente a las indemnizaciones a los trabajadores despedidos (la totalidad de la plantilla) y el pago de deudas del concurso.

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