La Comisión de Economía y Empleo de las Cortes de Aragón ha aprobado una proposición no de ley del PAR que insta al Gobierno de Aragón a "dirigirse al Gobierno de España para que estudie la posibilidad de promover las modificaciones legales precisas para posibilitar que la autoridad laboral pueda impugnar, de oficio, aquellos expedientes de regulación de empleo en los que concurran circunstancias de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho".

El texto, que ha sido apoyado por todas las formaciones presentes en la Comisión menos por CHA, busca que la impugnación pueda llevarse a cabo "sin que tenga que mediar acuerdo ni ser requerido por la entidad gestora de la prestación por desempleo", tratando con ello de "garantizar la protección social, los derechos y las percepciones económicas que correspondan a los trabajadores afectados por estos procedimientos".

En nombre del grupo proponente, el diputado del PAR, Antonio Ruspira, ha defendido la iniciativa resaltando que, "ante la incapacidad legal de la autoridad laboral para proceder a la impugnación de oficio, lo correcto es dirigirse al Gobierno central para solicitar el cambio en la ley".

En esta línea se ha expresado la diputada del PP, Yolanda Vallés, que ha reiterado que es "la legislación no permite actuar a la autoridad laboral" y que "solo el Gobierno central puede actuar para cambiar la situación".

Vicente Larred ha tomado la palabra, en nombre del PSOE, para recalcar que los derechos a los que se refiere la iniciativa "se vulneraron con la reforma laboral, que atenta contra todos los trabajadores y los derechos que habían conseguido". Larred ha manifestado su "alegría" por qué el socio de Gobierno "reconozca explícitamente que la reforma laboral no funciona bien, que limita la autoridad laboral y tiene consecuencias negativas para los trabajadores y beneficiosas para los empresarios".

El representante de CHA, José Luis Soro, ha afirmado que, tal como defendió su formación en una proposición no de ley que fue rechazada, "no es necesaria una reforma legal, ya que la autoridad laboral ya puede proceder a la impugnación".

Luis Ángel Romero, diputado de IU, ha anunciado el apoyo de su formación a la iniciativa y ha culpado a la reforma laboral del PP de "dar pie a que ocurran cosas como ésta".

Trabajos sociales

Por otro lado, los diputados de la Comisión de Economía y Empleo han debatido también esta mañana un texto de IU que proponía "el rechazo de programas destinados a obligar a los trabajadores en desempleo a realizar trabajos sociales en la Administración Pública de Aragón sin salario y cotización a la Seguridad Social". Una propuesta que, de acuerdo con la exposición del diputado de este Grupo Luis Ángel Romero, "ya está puesta en marcha en Madrid" y ha sido criticada por muchas organizaciones.

La iniciativa no ha salido adelante al no contar con el apoyo de PP y PAR, que han rechazado la proposición. La parlamentaria popular Nuria Loris ha manifestado que "el esfuerzo del INAEM va encaminado a mejorar los servicios que se prestan a las empresas", mientras que desde el PAR, Antonio Ruspira, que ha propuesto una enmienda no incorporada finalmente al texto, ha defendido que "exista una pequeña posibilidad para situaciones excepcionales".

Sí que han apoyado la propuesta de IU los grupos de PSOE y CHA. Desde el primero, Vicente Larred se ha mostrado "rotundamente en contra de que los trabajadores en desempleo tengan que hacer trabajos de una forma generalizada, sin salarios y sin contratos, mientras que José Luis Soro (CHA) ha calificado estas actuaciones como "injustas, anacrónicas e impropias del siglo XXI".

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