El Secretariado de Jueces para la Democracia (JpD) ha expresado su disconformidad ante la decisión del Govern balear "de reducir la enseñanza en catalán en el ámbito educativo", lo cual ha provocado la convocatoria de una huelga indefinida de docentes, cuya primera jornada tiene lugar este lunes.

En un comunicado, dicha Asociación ha señalado que "resulta criticable la forma en la que le ha llevado adelante esta decisión", ya que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares había acordado la suspensión cautelar del programa acordado para impulsar este cambio de modelo lingüístico, "por no haberse seguido los trámites previstos legalmente".

"Sin embargo, el Govern balear acordó burlar la resolución judicial e inmediatamente después de ésta dictó un Decreto Ley con el mismo contenido" han añadido desde JpD, para quien "dicha actuación representa una falta de respeto institucional y una reacción inaceptable ante una resolución judicial adversa".

Con todo, desde Jueces para la Democracia han apuntado que "nuevamente nos encontramos ante un ataque a los derechos lingüísticos en una comunidad autónoma en la que existe una lengua cooficial", por lo que han recordado que el artículo 3-2 de la Constitución establece este principio de cooficialidad y que el artículo 3-3 de la Carta Magna señala que "la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

"Dicho respeto y protección implica un esfuerzo de normalización lingüística para que las lenguas distintas al castellano no sigan marginadas en el ámbito institucional y social", ha añadido al respecto.

Situación de discriminación en las ccaa bilingües

En este sentido, JpD ha apuntado que "lamentablemente son frecuentes las medidas oficiales que siguen provocando en el Estado Español una situación de discriminación" de los ciudadanos y ciudadanas hablantes de lenguas propias en las distintas comunidades autónomas bilingües.

Así, desde la Asociación han explicado qu en algunos ámbitos, como la Administración de Justicia, el predominio del castellano es casi absoluto, "con una clara quiebra del principio de cooficialidad", lo mismo que ocurre en otras esferas, como la educativa, "donde se detectan importantes reticencias hacia la existencia de un bilingüismo real, en los términos de los principios constitucionales".

Con todo, para JpD "esta visión centralista en el ámbito lingüístico es una de las causas que provoca importantes tensiones territoriales, ante la legítima oposición de quienes hablan las lenguas propias de cada CCAA ante actuaciones que pretenden la uniformidad lingüística en castellano".

Sin embargo, desde Jueces para la Democracia han valorado que "la pluralidad cultural del Estado Español debería merecer la máxima consideración de las instituciones y los agentes sociales, al tratarse de una riqueza que forma parte de nuestro patrimonio colectivo".

"Por ello, medidas como la acordada por el Govern balear y otras semejantes, representan una vulneración de los derechos lingüísticos, así como una perspectiva abiertamente contraria al especial respeto y protección que nuestra Constitución ha establecido para que se pueda alcanzar la plena cooficialidad de las lenguas propias de cada comunidad autónoma", han apostillado al respecto.