El secretario regional de Ciudad y Política Local PSOE Aragón, Juan Antonio Sánchez Quero, ha dirigido una carta a la presidenta del Gobierno autonómico, Luisa Fernanda Rudi, mostrándole su "preocupación" por el "riesgo" que supondrá para la prestación de los servicios sociales en la Comunidad aragonesa la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, "poniendo en peligro más de mil empleos".

En un comunicado, el PSOE-Aragón ha precisado que el proyecto aprobado en julio por el Consejo de Ministros "impide" a las entidades locales seguir prestando y financiado aquellos servicios y competencias consideradas impropias, "que los ayuntamientos han asumido durante tres décadas para responder, unas veces, a la demanda de sus vecinos y, otras, por incompetencia de las Administraciones supramunicipales".

No obstante, según Sánchez Quero, "ni la ley, ni el Gobierno de Aragón, en nuestro caso, explican cómo va a financiarse el coste efectivo de estos servicios sociales, una vez que los ayuntamientos, en cumplimiento de las nueva ley, dejen de participar en su financiación, como venía sucediendo hasta el momento".

Por eso, el dirigente socialista ha opinado que esta circunstancia "puede poner en riesgo la calidad e incluso la viabilidad de la prestación de los servicios sociales, con las afecciones que esta circunstancia puede tener para usuarios y profesionales".

PELIGROS

Sánchez Quero ha incidido en que a partir del 1 de enero del 2014, cuando entre en vigor la nueva ley, "podrían peligrar no solo la calidad de los servicios sociales que reciben actualmente los usuarios, sino también los más de mil puestos de trabajo de los profesionales encargados de su prestación".

Por todo esto, ha pedido en su misiva a la presidenta aragonesa que aclare, "con la mayor premura posible, qué servicios va a prestar directamente el Gobierno de Aragón y cuáles va a delegar, especificando las asignaciones económicas con las que van a contar".

Asimismo, le ha advertido de que el PSOE va a "estar vigilante" para que los cambios que implica la ley "no sirvan como excusa para el empeoramiento o la supresión de unos servicios más fundamentales para los ciudadanos cuanto menos tienen".

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