Un total de 1.167 personas murieron y desaparecieron intentando llegar a España de forma clandestina -prácticamente el triple que en 2005-.

Para que se hagan una idea, algunas estimaciones -mencionadas el martes por el presidente de la APDH-A, Rafael Lara- de cada tres inmigrantes que se embarcan camino a España de manera ilegal, uno perece en el intento.

Además, 47.102 inmigrantes fueron detenidos -33.126 de ellos en las Islas Canarias- y 10.653 repatriados -hasta el pasado mes de octubre-.

Así lo especifica el informe 'Derechos Humanos en la Frontera Sur 2006' de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), presentado hoy en la capital gaditana y mañana en el Foro Social Mundial de Nairobi (Kenia).

Constante incremento

El presidente de la APDH-A, Rafael Lara, mostró su preocupación por el incremento de detenidos registrado el pasado año, ya que en 2004 y 2005 esta cifra ascendía a 15.675 y 11.781 personas, respectivamente.

El informe también incluye las detenciones llevadas a cabo el pasado año en aguas jurisdiccionales africanas por el Frontex (unas 3.900), las marinas de Marruecos, Senegal y Cabo Verde y aquellas llevadas a cabo antes de que el cayuco o la patera se hiciera a la mar (unas 3.100).

En total, 7.000 interceptados en el continente africano.

Fronteras cerradas

Lara atribuyó este "importante" incremento de aquellos que tratan de entrar y son detenidos o fallecen al cierre "a cal y canto" el pasado año de las fronteras de Ceuta y Melilla.

Además, muchos jóvenes "han interiorizado la necesidad de fugarse de sus países porque no ven futuro", y lo tienen "muy fácil" para emigrar por la tradición pesquera y marinera de Mauritania y Senegal, ya que cuentan con "personas experimentadas en la navegación que pueden llegar muy lejos" y con barcos abandonados "después de que la Unión Europea haya saqueado los caladeros donde iban a pescar".

Dispositivo represivo y xenófobo

Ante esta situación, el Gobierno español reacciona "con un despliegue sin precedentes y muy preocupante por el odio y el rechazo que se genera en Africa contra occidente".

Así, Lara lamentó la política de repatriaciones, que hasta el pasado octubre supuso la expulsión de 10.635 personas, la mayoría de ellos procedentes de Senegal (4.864), Marruecos por la frontera de Melilla (3.891) y Marruecos (1.018).

A su juicio, el dispositivo del Ejecutivo socialista es "represivo y viola los Derechos Humanos", además de tener una "visión xenófoba y racista de rechazar a los que son negros".