PSOE-A exige a Gobierno y PP que tomen partido a favor de los ciudadanos en su derecho a la vivienda y no de los bancos

La futura legislación andaluza ampliará como beneficiarios a autónomos que avalaron su negocio y familiares avalistas
Los socialistas Conejo y Benítez
Los socialistas Conejo y Benítez
EUROPA PRESS
Los socialistas Conejo y Benítez

El secretario de Política Municipal del PSOE-A, Francisco Conejo, ha exigido este viernes al Gobierno central y al PP que tomen "partido a favor de los ciudadanos" en su derecho a la vivienda "y no de los bancos". Así, ha pedido al Ejecutivo que "rectifique" en su recurso contra el decreto antidesahucios y al PP-A que apoyen la nueva Ley de Medidas para Garantizar la Función Social de la Vivienda en Andalucía, que se prevé aprobar próximamente en el Parlamento andaluz.

Conejo ha planteado al PP de Andalucía y al Gobierno que en esta materia "deberíamos alcanzar un acuerdo por el interés general de esos ciudadanos que lo están pasando mal". "No es una cuestión de pleitos jurídicos, ni de posicionamientos ideológicos, sino una cuestión de derechos fundamentales de los andaluces", ha apuntado, insistiendo en "un gran pacto" para que la nueva legislación "pueda salir adelante".

"El PP-A tiene la oportunidad de defender Andalucía con su voto a esta próxima ley o demostrar que no le interesa defender los derechos de los andaluces y lo único que pretende es defender la posición del Gobierno", ha dicho el responsable de Política Municipal del PSOE-A, apuntando que "también tiene que dejar claro si su preocupación es defender a las entidades financieras".

Según Conejo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy "debería tomar ejemplo de la Comunidad autónoma de Andalucía y extrapolar esta ley y llevarla al conjunto del país". Ha asegurado que una de las prioridades para los socialistas andaluces "será garantizar la aprobación" de la normativa, destacando que el Parlamento andaluz y el Gobierno de Andalucía "están comprometidos con aquellas familias que lo están pasando mal".

Conejo ha apuntado que llevarán a todos los ayuntamientos y diputaciones andaluces mociones para pedir al Gobierno y al PP que apoye esta futura ley y que no la recurra; así como "una rectificación" en cuanto al recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto ley antidesahucios.

La próxima ley

La Ley de Medidas para Garantizar la Función Social de la Vivienda en Andalucía ampliará los supuestos de interés social y beneficiará a los autónomos que avalaron con sus viviendas habitual sus negocios y a los familiares que actuaron como avalistas, siempre que en ambos casos se cumplan los requisitos del decreto antidesahucios, según han informado Conejo y el portavoz socialista en la Comisión de Vivienda del Parlamento andaluz, Enrique Benítez.

Benítez ha explicado que la aprobación de esta ley está "cercana" y ha destacado como novedad que en la ponencia parlamentaria se aprobó esa ampliación de los supuestos de interés social. En ese sentido, ha indicado que se contemplarán los autónomos que pusieron su vivienda habitual como aval de su negocio y "ahora por el fracaso del negocio por la crisis y las políticas de austeridad se enfrenta al riesgo de embargo".

Asimismo, ha indicado que se ampliará a familias avalistas "para intentar evitar que personas mayores que hayan avalado a sus hijos sufrieran el embargo de su vivienda, otro fenómeno que estaba ocurriendo y ante el que el PSOE no ha querido estar impasible". Por contra, ha dicho que estos supuestos de ampliación a colectivos que se podían beneficiar de esta ley "no contaron en ningún caso con el respaldo del PP".

Para el socialista, esta normativa "demuestra que en Andalucía se está gobernando de otra manera, pensando en los problemas de los ciudadanos y no sólo en la estabilidad del sistema financiero, como está haciendo el Gobierno de España", considerando que el Ejecutivo de Mariano Rajoy "no está actuando contra los desahucios, sino que sigue empeñado en proteger a los directivos del sector financiero y presuntamente en mantener todas las malas prácticas de este sector".

Benítez ha lamentado que las políticas desarrolladas por el Gobierno central "y todo el arsenal legislativo" en esta materia "sólo han logrado ayudar a 1.600 familias" y, además, "ante este fracaso, recurren el decreto de la Junta de Andalucía y amenaza con recurrir la nueva ley".

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