UGT llevará la próxima semana ante el juez el caso de una camarera de un restaurante del centro de Girona por obligarle a «abortar si quería que le renovase el contrato», según explicó ayer la secretaria de Política Social del sindicato en Girona, Dolors Bassa.

El caso de esta joven de 27 años no pasaría de ser un número más, a no ser porque la implicada, que desea mantener su anonimato, ha rechazado recibir cualquier compensación económica a cambio de su silencio. Y porque piensa llegar hasta el final: «Lo importante es demostrar que esto ocurre. La conciliación no funciona tan bien», sentenció Bassa.

De cuatro meses

Los hechos tuvieron lugar a finales de diciembre de 2006. La mujer estaba embarazada de cuatro meses. Se le terminó el contrato y el empresario cumplió su amenaza. La futura madre se encuentra en el paro.

El pasado año 2006 fueron 18 las mujeres que comunicaron presiones de sus superiores (generalmente mandos intermedios) a UGT en Girona. A Inspección del Trabajo llegaron un total de seis denuncias en toda la provincia de Girona. Según Bassa, una sentencia favorable obliga al empresario a indemnizar por despido improcedente total.

Cinco juicios

La secretaria de Políticas de Mujer de UGT Catalunya, Carme Simarro, recuerda que en 2006 se llevaron a juicio cinco casos. El más llamativo fue el de la empleada de un supermercado despedida por la gestación.

Simarro recuerda también que situaciones de discriminación también se producen hacia los transexuales y las personas obesas.

El silencio bien vale un ‘kilo’

«Los sueldos en los servicios o en las cárnicas son tan bajos, que si les dan 5.000 o 6.000 euros a cambio de dejarlo, prefieren tomar el dinero. Para muchos puede ser el sueldo de un año», explica Dolors Bassa, de UGT. Los sindicatos lamentan que es difícil probarlo ante un juez: «Muchas presionadas continúan trabajando en la misma empresa, requieren del testimonio de compañeros, el proceso es muy largo y se trata de la palabra de uno contra la de otro», afirmó la sindicalista.