El presidente provincial del PP de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, ha solicitado "explicaciones urgentes e inaplazables" al PSOE tras el último auto de la juez Mercedes Alaya —que investiga el caso de los ERE fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía— en el que se abre la puerta a la imputación de siete exaltos cargos, incluidos dos miembros del partido en la provincia.

En rueda de prensa, Fernández de Moya ha considerado este jueves que se ha puesto "sobre la mesa toda una trama de corrupción en la administración pública de Andalucía que también coloca en el epicentro" a los socialistas jiennenses. Tras hablar del "mayor escándalo" en la democracia española, ha dicho que el tiempo les ha dado la razón, de modo que José Antonio Griñán "se fue cercado" por este caso y fue "falsa esa renuncia voluntaria".

Además, ha lamentado "profundamente que dos exconsejeros jiennenses —Antonio Ávila y Francisco Vallejo— estén también en el epicentro de esta corrupción", por lo que ha incidido en que los jiennenses merecen "una explicación", sobre todo, cuando tiene la mayor tasa de paro de España, un 40,5 por ciento". "Dos ex consejeros de esta provincia al borde de la imputación y el PSOE jiennense mudito, callado, sin dar ni una sola explicación, esto es intolerable", ha asegurado.

Por ello, ha instado a sus responsables a "salir de la madriguera" y "dar la cara", al tiempo que ha calificado de "bochornosos, vergonzosos e impresentables los ataques del PSOE jiennense, andaluz y nacional a la juez Alaya", en cuyo auto "se dicen cosas muy graves", colmo que "se vulnera sistemáticamente la ley de subvenciones de la administración pública andaluza, que hay millonarios desfases presupuestarios, que la Guardia Civil sigue realizando múltiples diligencias" y que "se da la oportunidad de que aquellas personas que están siendo objeto de investigación comparezcan voluntariamente ante la justicia para aclarar porque han estado implicados y han firmado resoluciones con cargo a la partida 31L".

"Jurídicamente pone de manifiesto que lo que la juez Alaya pretende, por mucho que Chaves, Griñán, Vallejo o Ávila se lleven las manos a la cabeza, es garantizar su derecho de defensa y que no se conculquen derechos fundamentales en la instrucción del proceso judicial. De forma que tiene la oportunidad de comparecer voluntariamente y contar todo lo que sepan", ha dicho Fernández de Moya, para quien "de cuatro golfos" se ha "pasado a 123 imputados" con "protagonismo especial de personajes muy vinculados al PSOE en esta provincia como el señor Lanzas".