La portavoz del grupo 'popular' del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, María del Carmen Rodríguez Hornillo, ha presentado hoy ante el registro una carta dirigida al alcalde, Antonio Gutiérrez Limones, en la que le exige "que muestre las actas" firmadas por el trabajador de la empresa privada 'Coordinadora de Gestión de Ingresos S.A.' (CGI), que con un carnet autorizado por el propio alcalde hacía las veces de inspector tributario.

El juzgado de lo Social número tres de Sevilla condenó al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y a la empresa adjudicataria de su servicio municipal de recaudación e inspección tributaria, al detectar una "cesión ilegal" de trabajadores de dicha empresa "a favor" de la administración local.

La sentencia, recogida por Europa Press, expone los casos de dos trabajadores de CGI, adjudicataria en 2008 de un contrato promovido por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra para la "prestación de servicios complementarios al funcionamiento de los órganos municipales de gestión, inspección y recaudación". Ambos forman parte de una oficina conocida como "ARCA Gestión Tributaria y Recaudación", integrada por dos funcionarios del Ayuntamiento, cuatro trabajadores contratados por el mismo y "varios más contratados formalmente por CGI".

Los 'populares' han señalado que el personal de dicha empresa privada "jamás puede ejercer las atribuciones de un inspector tributario", ya que esta figura queda reservada exclusivamente para personal funcionario del Ayuntamiento.

Para Hornillo, esta es "una más de las consecuencias de una política exacerbada de recaudación de impuestos puesta en práctica por el alcalde para hacer frente a la gigantesca deuda creada por él mismo". La responsable 'popular' ha criticado "los incrementos de la contribución en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la publicación masiva de embargos en el Boletín Oficial, y ahora lo que parece ser un descontrol en los procesos resolutivos de sanciones tributarias".

El PP ha mostrado su preocupación ante lo que podría ser "un grave error administrativo que implicaría anulaciones de sanciones impuestas y devoluciones en caso de que hayan sido devengadas", ya que "si se demuestra que personal no funcionario ha firmado resoluciones o liquidaciones tributarias, éstas son nulas de pleno derecho".

Asimismo, los 'populares' han pedido directamente a Gutiérrez Limones "conocer si hay o no sanciones firmadas indebidamente" y que regularice la situación ilegal de la empresa CGI, que actualmente se encuentra sin contrato vigente con el Ayuntamiento.