El alcalde de Vila-real, Manuel Vilanova (PP), dejó ayer el cargo por la «presión ejercida sobre él y sobre el Partido Popular» a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 23 de noviembre que lo condenó por un delito de prevaricación: consintió a sabiendas que una empresa ruidosa se instalase cerca de viviendas.

El regidor popular explicó que desde que conoció el fallo puso su cargo a disposición del partido y actuó con responsabilidad, sin precipitaciones y con el asesoramiento legal necesario.

La condena a la que se enfrenta el edil es de un año y medio de prisión –no entrará, al no tener antecedentes– y ocho de inhabilitación especial para empleo o cargo público, por consentir, «de forma deliberada», según el fallo, «la emisión ilegal de ruidos de una empresa».

Vilanova dijo ayer que acepta la sentencia judicial, pero añadió: «Me parece injusta, no he hecho nada por mi cuenta  y riesgo».

Los concejales de la oposición en el Ayuntamiento se habían negado a participar en los plenos, por las dudas que tenían de que las decisiones del alcalde inhabilitado fueran válidas. Vilanova estuvo acompañado por el presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra, en el momento de hacer pública la noticia de su dimisión, ayer.