Los colegios de profesionales de la Región de Murcia han criticado que si el anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales, que actualmente está en fase de información, se aprobara tal y como está redactado supondría un incremento de entre seis y siete años en el retraso que ya acumulan los procesos judiciales y duplicaría el coste de los gastos de representación para el ciudadano.

Así lo han hecho saber los decanos de los Colegios de Procuradores de Murcia y Cartagena, José-Miguel Hurtado y Milagrosa González, respectivamente, quienes se han reunido este miércoles con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia, Juan Martínez Moya, para trasladarle sus inquietudes acerca del anteproyecto de Ley.

Además, los decanos pretendían conocer la opinión del presidente del TSJ, para saber si cuentan con su apoyo institucional para que "no se apruebe ese anteproyecto tal y como viene redactado", ya que "tendría unas consecuencias nefastas para el ejercicio de la procura" y los procuradores, un colectivo integrado por unos 340 profesionales en la Región de Murcia.

En concreto, Hurtado ha advertido que un abogado "no puede preparar una demanda, recibir a los clientes y hacer lo que hacen los procuradores durante todo el día y llevarlo profesionalmente bien, por lo que supondría un perjuicio para la Administración de Justicia y para el ciudadano".

Por ejemplo, ha explicado que se ha elaborado un estudio que corrobora que, en caso de aprobarse el anteproyecto de Ley tal y como está redactado, la Administración de Justicia "se colapsaría y se incrementaría en seis o siete años los procedimientos".

Actualmente, defiende que los procuradores "hacen que la Justicia se agilice un poco" y, con todo, los procesos acumulan un retraso desde el momento en el que se ha hecho el trámite procesal que señala la vista oscila en función de cada partido judicial, y que supera un año en el caso de Murcia y los seis meses en el caso de Cartagena.

Además, Hurtado subraya que este retraso "se está comprobando en los juzgados de lo laboral y lo contencioso, donde los procuradores no somos preceptivos, y el retraso se está haciendo más patente".

Además, el decano ha lamentado que la aprobación del anteproyecto supondría la desaparición del arancel, por el cual, el procurador cobra 260 euros por la representación que ostenta en un procedimiento. La nueva Ley "implicaría una liberalización de los precios" y si el abogado hiciera lo mismo "cobraría unos 580 ó 590 euros, es decir, el doble", advierte.

La desaparición del arancel "perjudica al cliente porque no sabe qué se le va a cobrar por la actuación profesional". El arancel, recuerda, "especificaba el precio a cobrar", por lo que la nueva ley "supondría una nueva liberalización de precios que iría en contra del propio ciudadano".

Otras profesiones afectadas

Además, han aseverado que el anteproyecto "es perjudicial para el ciudadano porque las profesiones afectadas son la gran mayoría, y representa un grave perjuicio para ejercer la libertad del ciudadano, y no solo las profesiones jurídicas, que son las que quizá estén más afectadas".

González ha señalado que el Consejo General de Procuradores de España acordaron en su último pleno extraordinario convocar a todos los colegios de España, darles previamente toda la información relativa a ese anteproyecto y las advertencias de lo que realmente era perjudicial para los colegios profesionales.

Además, se dio a los colegios de procuradores "una serie de recomendaciones y todos los operadores a los que deben dirigirse los colegios de procuradores para solicitar apoyos en contra de ese anteproyecto".

El hecho de que abogados y procuradores "estén al mismo nivel", según González, significa que si se aprobara el anteproyecto tal y como está ahora registrado, "cualquiera podría ejercer como abogado o como procurador".

La única distinción, según la reforma prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil, sería que los abogados no podrían realizar los actos de ejecución y comunicaciones, pero, en definitiva, lamenta que "quedaríamos equiparados".

Por tanto, por el simple hecho de estar colegiado en los colegios de Abogados o de Procuradores "se puede ejercer como abogado o como procurador en cualquier pleito, dependiendo de su elección".

En cambio, González defiende que las funciones de unos y otros "están bien delimitadas y no son compatibles, algo que todos los decanos de la Región tenemos claro". Por ello, se siente extrañados de que el Ministerio de Economía "no sea capaz de ver la labor que efectúa cada uno dentro de un procedimiento".

El Ministerio de Justicia, en cambio "tiene bien clara la diferencia, y si algún operador jurídico puede contribuir a la calidad, la eficacia y la rapidez de la Justicia es el procurador y, especialmente, en actos de ejecución".

En caso de que el anteproyecto de ley sea aprobado, Hurtado avanza que los colegios de procuradores tienen unas directrices a seguir por el Consejo General de Procuradores que se llevarán a cabo a nivel nacional, con medidas "de fuerza" si no se llegara a la modificación del anteproyecto en la fase de informe actual.