Heredia dice que el último auto de Alaya hace "un flaco favor" al estado de Derecho y a la Democracia

Advierte de que "no podemos tener una justicia que interfiera calculadamente en la marcha de las instituciones"
Miguel Ángel Heredia
Miguel Ángel Heredia
EUROPA PRESS
Miguel Ángel Heredia

El secretario general del PSOE malagueño, Miguel Ángel Heredia, ha hecho referencia este miércoles al último auto judicial de la jueza Mercedes Alaya, en el que pide la imputación de los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves y de cinco exconsejeros, y ha dicho que "no se puede poner en tela de juicio la honradez de dos expresidentes y cinco exconsejeros lanzando insinuaciones mediante un auto judicial sin hacer un flaco favor al estado de Derecho y a nuestra democracia".

"Con muy pocas páginas de un auto sin sentido se puede arrasar con la trayectoria de servicio público de años", ha advertido, a lo que ha añadido que "por más que lo intente la jueza, la honestidad y honradez demostrada por José Griñán y Manuel Chaves estará siempre por encima de estas insinuaciones".

En este sentido, ha señalado que "para ser respetada hay que hacerse respetar, y los acontecimientos nos alejan de lo segundo". "Que la jueza sincroniza sus autos con hechos relevantes en el Ejecutivo andaluz es grave porque ningún poder del Estado debiera interferir en el normal desarrollo de los acontecimientos en el marco de las normas democráticas", ha indicado Heredia a través de un comunicado.

"Debemos tener una justicia independiente del poder político, hoy más bien hay que recordar que también necesitamos un poder político sin interferencias premeditadas e injustificadas por parte del poder judicial, en este caso, de una jueza instructora de un caso en el que todos queremos que se depuren las responsabilidades penales oportunas", ha aseverado.

Así, el secretario general de los socialistas malagueños ha dicho que "nos estamos moviendo en arenas movedizas desde un punto de vista democrático", a lo que ha añadido que "si una jueza es incapaz de aportar pruebas para una acusación tan grave, al menos se espera que no insinúe nada contra nadie o que garantice los derechos procesales que amparan a los ciudadanos, en este caso, a dos expresidentes y a cinco exconsejeros".

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