El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves, para su remisión al Senado, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. La norma ha salido adelante con los votos del PP, CiU, PNV, Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias y el rechazo de PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, Amaiur, ERC, BNG, Compromís-Equo. Nueva Canarias y Geroa Bai se han abstenido en la mayor parte del dictamen.

La ley, que el Gobierno remitió al Congreso en septiembre de 2012, se envía al Senado un año después y se espera que esté definitivamente aprobada antes de enero. Aunque los artículos relativos al buen gobierno entrarán en vigor en cuanto se publiquen en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los capítulos sobre la transparencia de las administraciones públicas y determinadas instituciones y entidades privadas tardarán un año más en estar vigente.

Durante el debate, el dirigente del PP Esteban González Pons ha acusado a los socialistas de "preferir que la corrupción siga viva con tal de que sólo mate al contrario", después de que éstos anunciaran su voto en contra de la Ley de Transparencia. González Pons ha acusado al PSOE de cometer un "error histórico", de situarse en la "oscuridad" y de hacer pagar a esta ley su propia "incapacidad política". En su intervención en el pleno como ponente de la ley de Transparencia, González Pons ha reconocido que él no puede decir que su partido no está siendo investigado, pero ha sostenido: "Nadie puede subir a esta tribuna y decir mi partido no está siendo investigado y nunca lo estará".

El dirigente 'popular' aludía de esta forma al parlamentario del PNV Emilio Olabarría, que ha presumido de que su partido no ha tenido "nunca una persona condenada por un proceso de corrupción", lo que indica —ha dicho— que no todos los políticos son iguales. "Aquí hay quien ha recibido millonarias condonaciones de deuda por parte de los bancos, lo que equivale a millonarias donaciones anónimas por parte de los bancos; aquí hay quien no paga la Seguridad Social, quien no presenta en los últimos años sus contabilidad ante el Tribunal de Cuentas", ha denunciado González Pons.

Y ha continuado: "Aquí hay quien no ha declarado todas las donaciones que recibió en campaña electoral y aquí hay quien cuando era alcalde de su pueblo no se dejaba investigar por la sindicatura de cuentas". Tras insistir en que la corrupción les "afecta a todos" y en que "no hay santos y pecadores", ha responsabilizado a los grupos que van a votar en contra de mostrar una imagen ante los ciudadanos de que los políticos están "divididos" ante la lucha contra la corrupción. "La corrupción nos afecta a todos, es cosa de todos y la lucha contra la corrupción es de todos, porque tarde o temprano la corrupción puede afectar a cualquiera", ha argumentado.

El ponente socialista Enrique Serrano anunció que su grupo votaría en contra del texto y se abstendría en las enmiendas por "razones de fondo y de contexto". Sin mencionar el 'caso Bárcenas', Serrano dijo que desde julio el PP mantiene una "contradicción insalvable" entre la apelación a la ley de transparencia como "bálsamo" de todos los males y su "obstaculización" a las iniciativas de la oposición para controlar al Gobierno.

Ha alegado además que el PP no ha aceptado "formalmente" ninguna de sus enmiendas y ha advertido de que esta ley se ha "empobrecido" y de que "no es lo mejor" que salga adelante sin el voto del PSOE. Tras el debate, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha efectuado una breve intervención en la que se ha comprometido a "no descansar en el trámite del Senado para que puedan incorporarse más" grupos.

Tras su paso por la ponencia y la comisión, al texto final del proyecto se han incorporado más de 90 enmiendas de la oposición, la mayoría de los nacionalistas vascos y catalanes y quince de los socialistas, entre las que destacan las que afectan al ámbito de aplicación de la ley y el régimen de sanciones.

Entre las novedades mas destacadas, la norma equipara las obligaciones de transparencia de la casa real a las de otras instituciones públicas como el Congreso, el Senado, el Banco de España, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo. También deberán someterse a esos criterios las entidades privadas cuya financiación dependa al menos en un 40% de subvenciones públicas y aquellas que reciban al menos 100.000 euros anuales de fondos públicos.

Los altos cargos que cometan infracciones muy graves podrán ser destituidos de su puesto y no podrán ser nombrados para ocupar ningún alto cargo durante un periodo de entre cinco y diez años, ni percibirán pensión indemnizatoria por su cese. No obstante, el texto retira la posibilidad de destituir a cargos electos, algo que sí estaba previsto en el proyecto inicial del Gobierno.

La competencia para imponer sanciones corresponderá al Consejo de Ministros cuando el alto cargo sea miembro del Gobierno o secretario de Estado y al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas cuando se trate de alto cargo de la Administración General del Estado. Si el procedimiento se dirige contra cargos autonómicos o de entidades locales serán competentes para sancionar los órganos propios de esas administraciones.

La ley crea el nuevo Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que velará por el cumplimiento de la norma y podrá pedir la apertura de procedimientos sancionadores. Este Consejo estará adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y tendrá "personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar". Estará compuesto por la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno de la que, a su ver formarán parte su presidente, un diputado, un senador y un representante del Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, la Agencia Española de Protección de Datos, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. El presidente del Consejo y por ende también de la Comisión será nombrado por un período no renovable de cinco años mediante Real Decreto, a propuesta del Ministerio de Hacienda, "entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional".

Otras críticas a la norma consideran que las garantías de acceso a la información son insuficientes y no responde a los estándares internacionales, situándose en cuanto a garantías en una posición 72 de las 96 leyes de transparencia a nivel mundial, según denuncia Access Info.

"Entre las limitaciones que persisten encontramos que la ley sigue sin reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, excluye mucha información del alcance de la ley, las obligaciones de publicación proactiva no son igual para todas las instituciones y el organismo de revisión no es independiente", señalan en un comunicado.

Por otro lado, el PP ha bloqueado este jueves, en el marco de la votación sobre la Ley de Transparencia, una enmienda presentada por el PSOE que pedía que las Administraciones Públicas publicasen "la información relativa a las campañas de publicidad o comunicación institucional que hayan promovido o contratado, el importe de las mismas, los contratos celebrados (...,) así como los planes de medios correspondientes en el caso de las campañas publicitarias".

"Todas las enmiendas del PSOE a la Ley de Transparencia han sido rechazadas", ha lamentado la diputada socialista Ángeles Álvarez a 20Minutos. Así, en la votación sobre la enmienda, hubo 120 votos a favor y 172 en contra. También se registraron 21 abstenciones.