La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya, ha imputado este martes cuatro delitos al que fuera jefe de servicio de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y director del departamento de Administración y Finanzas de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) Antonio Diz-Lois, que se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.

Diz-Lois llegó a la Audiencia de Sevilla poco antes de las 10,30 horas para comparecer ante la magistrada, que le ha imputado sendos delitos de prevaricación, malversación, no promover la persecución de perseguir delitos y delito societario, tras lo que ni la Fiscalía Anticorrupción ni el resto de acusaciones ha pedido medida cautelar alguna para el imputado al no considerarlo a día de hoy "conveniente", por lo que Diz-Lois ha quedado en libertad con cargos tras su comparecencia ante la juez.

En el escrito de imputación, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla señala que Diz-Lois, como jefe de servicio de la Dirección General de Trabajo, "era la persona que realizaba el seguimiento de los pagos" en la etapa en que era director general Francisco Javier Guerrero, por lo que "debía conocer, dado su cargo, que la concesión de subvenciones sociolaborales, cuyos pagos controlaba el imputado, no se hacían mediante créditos ordenados y suficientes, sino ilícitamente mediante transferencias de financiación, cuya finalidad era radicalmente distinta y diversos sus controles".

De este forma, prosigue la instructora, "lo que se pretendía con el sistema ideado era el flagrante incumplimiento de la normativa en materia de subvenciones", todo ello "por la ausencia de publicidad, del cumplimiento de los criterios de objetividad e igualdad, por la ausencia de bases reguladoras, por la carencia pretendida de fiscalización previa por la Intervención y de justificación del destino dado a las ayudas".

La juez dice que, "en virtud de este conocimiento", el inculpado "participaría en los desfases millonarios que se producían cada ejercicio económico por la ausencia de cobertura presupuestaria en la Dirección General de Trabajo para los compromisos adquiridos, siendo un instrumento importante para este déficit los pagos cruzados, o lo que es lo mismo, los pagos sin convenio", los cuales "eran presuntamente controlados por el imputado".

"incumplimiento de la normativa comunitaria"

Igualmente, agrega la instructora, el imputado "sería conocedor y partícipe del incumplimiento de la normativa comunitaria", ya que "debía conocer que las ayudas sociolaborales, pese a ser ayudas de Estado, no se notificaban a la Comisión Europea con carácter previo, ni en caso de considerarse exentas de tal notificación previa se comunicaba su concesión" a dicha comisión, mientras que tampoco "se llevaba un registro de las mismas para su control" por la comisión.

Tras ser nombrado director del departamento de Administración y Finanzas de IDEA, y "pese al conocimiento de lo que acontecía" en la Dirección General de Trabajo, el imputado "sería uno de los promotores del mantenimiento del sistema de las transferencias de financiación para la concesión de ayudas sociolaborales, en el que se procuraba la ausencia de cualquier control, incluso los propios de IDEA".

A juicio de la juez, Diz-Lois "sería conocedor y consentidor del incumplimiento de los filtros establecidos" en el estatuto de IDEA sobre aprobación de la ayuda por el Consejo Rector según la cuantía de la misma y ratificación, en su caso, del Consejo de Gobierno, y ello "al estimar arbitrariamente las subvenciones, no por su cuantía global, sino por la cantidad que recibiría individualmente cada trabajador".

"falsear el presupuesto de explotación de idea"

"No sólo se protegería al Consejo Rector y al Consejo de Gobierno de cualquier decisión al respecto, sino que se pretendía evitar la consideración de ayuda como ayuda del Estado", asevera Alaya, quien relata que en los meses de septiembre y octubre de 2008 Diz-Lois "participaría" en varias reuniones con el exdirector general de Trabajo Juan Márquez y el que fuera director gerente de IDEA Jacinto Cañete en las que, "a pesar de albergar dudas sobre la legalidad del procedimiento seguido, deciden considerar prorrogado tácitamente" el convenio marco de 17 de julio de 2001, "pese a que la fecha de su vencimiento había sido la de 31 de diciembre de 2003, y continuar con el uso del sistema de las transferencias".

Así, pagaron "ayudas ya concedidas o nuevas ayudas" en tanto en cuanto se encargó un informe jurídico que "puso en evidencia lo que Diz-Lois ya conocía indiciariamente: la ausencia absoluta del cumplimiento de la normativa estatal y europea en materia de subvenciones, destacando la elusión intencionada del trámite de fiscalización previa por parte de la Intervención".

Según la juez, desde que comenzó a prestar sus servicios en IDEA el imputado "habría colaborado activamente para que la Consejería de Empleo pudiera conceder arbitrariamente subvenciones con indiciario desprecio por sus normas reguladoras", mientras que "también contribuiría dentro de sus funciones directivas a falsear el presupuesto de explotación de IDEA en 2009, en cuya elaboración intervendría, lo cual era necesario para que a la Consejería de Empleo le pudieran ser presupuestados como créditos para gastos las mencionadas transferencias de financiación".

Próximas declaraciones

Tras la comparecencia de Diz-Lois, la juez ha citado a declarar como imputados los días 17 y 19 de septiembre, respectivamente, al que fuera viceconsejero de Presidencia y director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano Peña y al ex director general de Presupuestos Buenaventura Aguilera, mientras que el 30 de septiembre le tocará el turno al exviceconsejero de Empleo Justo Mañas y el día 9 de octubre al exparlamentario socialista Ramón Díaz.