La juez Mercedes Alaya ha prorrogado por segunda vez el secreto de sumario que pesa desde el pasado mes de julio sobre la denominada operación Madeja, en la que se investiga si el exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño pudo recibir dádivas a cambio de la concesión de contratos de mantenimiento a las empresas Fitonovo y Fiverde.

Fuentes del caso han informado a Europa Press de que la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que prorroga un mes más el secreto de las actuaciones decretado por primera vez el pasado julio, tras las detenciones tanto de Castaño como de su mujer, la abogada Ana María Vaquero, del administrador de la empresa de infraestructuras y medio ambiente Fitonovo, Rafael González Palomo, y del exadministrador de Fiverde Ángel Manuel Macedo.

Castaño fue el único de los cuatro detenidos que ingresó en prisión, aunque la pudo abandonar a mediados del pasado mes de julio después de pagar la fianza de 60.000 euros que le impuso la Audiencia Provincial de Sevilla, que estimó de este modo el recurso de apelación presentado por su letrado, José Manuel García-Quílez, contra el auto de prisión dictado por la juez Alaya.

Tras decretar el secreto de sumario, el Juzgado decidió prorrogarlo por primera vez el pasado 8 de agosto, en un auto en el que dice que las razones esgrimidas por el grupo de Delitos Urbanísticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que se prorrogue el secreto de las actuaciones "evidencian la gravedad de los delitos investigados".

"abundante" documentación

Asimismo, prosigue la juez, la "abundante" documentación intervenida en las "numerosas" entradas y registros practicados con motivo de la operación 'Madeja', "amén de toda la que ha entregado el Ayuntamiento de Sevilla a través de la Guardia Civil, y que se encuentra pendiente de analizar completamente, arrojaría otros indicios que soporten nuevas líneas de investigación".

La juez asevera que estas "nuevas líneas de investigación" y la "concreta identificación de las personas que pudieran ser responsables" de los hechos "podrían verse comprometidas de no protegerse con el secreto".

La juez Alaya imputa a Castaño los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude y exacciones ilegales. Asimismo, le impuso una fianza de responsabilidad civil de 7,6 millones de euros, frente a la petición de 360.000 euros planteada por el Ministerio Público.

Durante su declaración ante la juez, el administrador de Fitonovo aseguró que, entre los años 2005 y 2006, entregó un sobre con 30.000 euros a Domingo Enrique Castaño y que le dijeron que este sobre con la cantidad de dinero referida "era para el PSOE", punto en el que subrayó que el dinero entregado "no era a cambio de nada", porque además "los contratos ya estaban dados".

Entrega de teléfonos móviles

También dijo que entregó a Castaño siete teléfonos móviles Nokia para que los repartiera, aunque no precisó quiénes serían los últimos destinatarios de estos teléfonos.

Esta operación viene derivada de la investigación en torno a las supuestas irregularidades detectadas en el concurso promovido para enajenar los suelos de Mercasevilla, en el marco de la cual la magistrada pidió a la Guardia Civil que investigara el enriquecimiento "sospechoso" de Castaño.

A raíz de esta investigación, los agentes habrían llegado a la conclusión de que Domingo Enrique Castaño pudo recibir dádivas a cambio de la concesión de contratos de mantenimiento a las empresas referidas.

Además de los cuatro detenidos, la Guardia Civil imputó en el marco de la operación 'Madeja' a la mujer del administrador de Fitonovo, Pilar Baró, y al responsable de una gestoría que le llevó las cuentas a esta empresa.