España dedicó en 2011 el 94% de sus ayudas públicas para sostener su sistema financiero. En concreto, entonces (último año de Zapatero en el Gobierno, Rajoy llegó en noviembre) se destinaron 84.195 millones de euros (el 7,84% del PIB), en apoyar a bancos y cajas. Por su parte, el resto de los sectores, pese a la crisis, se repartieron poco más de 4.500 millones de euros, según los datos publicados este martes por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC).

Según los datos del regulador de la libre competencia (que pasará a incluirse en la CNMC) facilitados a la Unión Europea, el 73% de las ayudas de Estado recibidas por el sistema financiero consistieron en garantías o avales; el 16% fueron medidas de liquidez y el resto (unos 8.510 millones de euros) fueron recapitalizaciones directas. Es decir, dinero para controlar las entidades.

¿Qué se considera ayuda pública? Tal como señala la propia CNC; no existe una definición legal del concepto a nivel comunitario, "sino más bien de las que son consideradas contrarias al Derecho comunitario". Así, para ser consideradas ayudas de Estado en general, se han de cumplir estos requisitos: que la ayuda genere un beneficio económico al que la recibe; que se otorgue con recursos públicos; que tenga un carácter selectivo para determinadas empresas a costa de otras y que afecte a los intercambios comerciales entre estados miembros. El resto de ayudas están excluidas del cómputo, según los estándares de la UE.

Pese a los miles de millones puestos a disposición del sistema financiero, el volumen de ayudas públicas estuvo por debajo de la media europea hasta bien entrado el año pasado. Así, según datos de la CNC, en el periodo 2008-2011 (antes del rescate a BFA-Bankia) se habían empleado 103.681 millones de euros en ayudar a bancos y cajas y evitar su colapso. El porcentaje de apoyo público sobre el PIB (un 9,66%), era hasta 2012 menor que el del conjunto de la UE (12,76%) y que el de Alemania, que con un importe de 259.192 millones de euros, había comprometido una cantidad equivalente al 10,08% de su producto interior bruto. A la cabeza en el coste a los contribuyentes estaban a finales de 2011 Irlanda (223,54% del PIB), Dinamarca (65,94%) y Grecia (32,31%).

Pese a los recursos públicos empleados en los años previos, en 2012 se consumó el rescate de BFA-Bankia, la cuarta entidad financiera española. La Comisión Nacional de la Competencia no ha contabilizado aún estas ayudas (se incorporarán en el informe del año que viene), pero desde entonces, el sector ha recibido más de 39.078 millones de euros en recapitalizaciones directas, tal como ha señalado el propio presidente de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario (FROB), Antonio Carrascosa, en una comparecencia ante el Congreso.

En las cuentas del organismo dependiente del Ministerio de Economía no se han contado, sin embargo, los más de 50.781 millones de euros empleados en crear la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Este organismo semipúblico, conocido popularmente como el banco malo, se ha endeudado masivamente (con la garantía última del Tesoro Público) para adquirir activos tóxicos (suelo, promociones inmobiliarias inacabadas, créditos inpagados...) a las entidades financieras.

Una cantidad distinta de ayudas públicas las ha contabilizado el propio Banco de España, que la pasada semana estimaba que el importe de las ayudas públicas comprometidas entre 2009 y 2013 en la reestructuración del sistema financiero español ascendía a 61.366 millones de euros, entre inyecciones directas de capital, aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos, preferentes y otros instrumentos.

Las cuentas oficiales del supervisor bancario, no obstante, no contabilizan tampoco los casi 51.000 millones de euros del Sareb ni algunas partidas que sí incluye la Comisión Nacional de la Competencia y la Unión Europea. Así, el Banco de España no suma ni los avales concedidos a las entidades (ya que se cancelan a medida que vencen las emisiones) ni los llamados esquemas de protección de activos (EPA).

Los EPA son "apoyos contingentes", temporales, distintos de las inyecciones de capital que permiten a las entidades realizar menores provisiones en determinadas carteras de activos. Es decir, que cuentan con la garantía implícita del Estado en el caso de que tengan pérdidas mayores de las estimadas en relación a determinados créditos o inversiones. Los esquemas de protección de activos se han empleado principalmente en la venta de cajas y bancos nacionalizados.

Así, por ejemplo, en el traspaso de Banco de Valencia a Caixabank, el FROB concedió al banco en poder de La Caixa una EPA sobre un grupo de créditos de BdV cuyo coste para el erario público, en función de las pérdidas futuras, podría oscilar entre los 300 y los 600 millones de euros. En su conjunto, los distintos esquemas de protección comprometidos por el Estado ascienden a más de 35.600 millones de euros.