La Diputación de Lleida asumirá el coste del transporte escolar y al menos la mitad del coste del comedor de los niños y niñas de la provincia de pueblos sin escuela que tienen que desplazarse al colegio de otra localidad de su mismo municipio.

La ley estatal establece ayudas para el transporte y el comedor de un municipio a otro, circunstancia que deja sin subvenciones a 600 estudiantes en Lleida, una provincia con muchas poblaciones agregadas a un municipio.

El presidente de la institución, Joan Reñé, ha avanzado este martes a los presidentes de los consejos comarcales afectados, a los delegados de la Generalitat en Lleida y el Pirineo y Aran, Ramon Farré y Albert Alins, respectivamente, y al delegado de Enseñanza, Miquel Àngel Culleré, una ampliación de la partida de la Diputación para el transporte y el comedor.

A los 480.000 euros que ya destinaba el año pasado al transporte, la Diputación sumará otros 200.000 para afrontar el gasto de al menos el 50% del comedor para los estudiantes que no tienen las ayudas obligatorias, con lo que la aportación se eleva a 680.000 euros.

"La ley no contempla que este transporte y el comedor esté financiado y eso produce un agravio comparativo inaceptable, injusto", ha señalado Reñé en declaraciones a los medios antes de reunirse con los presidentes de los consejos comarcales.

El convergente ha avanzado que pedirá a los diputados de CiU en el Congreso que planteen esta modificación de uno de los artículos de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).

La presidenta del Consell Comarcal del Urgell, Rosa Maria Mora, ha mostrado antes de iniciarse la reunión su satisfacción por la decisión de la Diputación: "Estamos muy contentos por la sensibilidad de la Diputación hacia los consejos comarcales, en nuestra comarca afecta a 77 niños, conocemos muy bien el problema".

Para Mora el Ministerio de Educación no conoce bien la situación, no saben que en los pueblos agregados antes había escuela, y ha agregado que "si la conociera vería que es una injusticia".

Por su parte, el presidente del Consell Comarcal de la Segarra, Adrià Marquilles, ha considerado que la ley tiene que cambiarse "de una vez por todas".