La jueza de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que instruye el caso de los ERE fraudulentos ha pedido la imputación en la causa de los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

En un auto, la magistrada comunica la misma situación, para cinco ex consejeros autonómicos: Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, José Antonio Viera, Manuel Recio y Francisco Vallejo.

Estos ex altos cargos han ocupado las carteras de Administración Pública, Economía, Empleo, Hacienda o Innovación en el Gobierno de Manuel Chaves (caso de Viera y Vallejo) o de José Antonio Griñán (Ávila, Martínez Aguayo y Recio).

Chaves está imputado como presidente de la Junta entre 1990 y 2009; Griñán, como consejero de Economía y presidente de la Junta entre 2009 y 2013; Viera, como consejero de Empleo entre 2000 y 2004; y Martínez Aguayo, por su papel como viceconsejera de Economía y luego titular del departamento entre 2009 y ahora.

Recio fue consejero de Empleo entre 2010 y 2012; Vallejo, titular de Innovación entre 2004 y 2009; y Ávila, de Economía e Innovación desde 2010 hasta la actualidad.

Con estas nuevas imputaciones, ya son 123 las que acumula el caso de los ERE.

Alaya acuerda "comunicar la existencia del presente procedimiento, en calidad de imputados", a todos por su presunta colaboración para un "uso ilegal y continuado de fondos públicos".

En su auto apunta que los siete altos cargos permitieron cobrar sobrecomisiones a las mediadoras que gestionaban los ERE o llevar a cabo, "a cambio de ciertos favores, las modificaciones presupuestarias que permitieron, en términos indiciarios, desde abril de 2000 ese uso ilícito de fondos públicos a través de la utilización palmariamente irregular de las transferencias de financiación".

También señala que la Junta creó "la partida fraudulenta a través de un trasvase de fondos de la partida presupuestaria adecuada para la concesión de subvenciones, que ascendió a más de 93 millones de euros en menos de dos años".

La magistrada recuerda que el convenio marco de julio de 2001 y las transferencias de financiación instauradas a partir de 2002 tuvieron como consecuencia "eludir el cumplimiento de la Ley de Subvenciones, que sujetaba el procedimiento a estrictos trámites, y los controles de la Intervención, provocando además millonarios desfases presupuestarios cada año durante una década", añade Alaya.

Alaya analiza en su auto las consecuencias de la imputación de aforados, reconociendo que se trata de un proceso con "consecuencias procesales extrañas" y que les deja en "una condición harto peculiar".

Así, explica que como juez de instrucción no puede realizar un "juicio formal de imputación" pero "sí puede y debe” hacer dos cosas: "darles traslado de las actuaciones para que se personen si lo desean" y tras agotar las diligencias de investigación remitir testimonio de la causa "al tribunal superior competente".

Alaya dice "ser consciente" de que en estos casos puede producirse un "efecto multiplicador de la expectación e influencia negativa de los medios de comunicación sobre dichas personas, pues primero pueden verse señaladas en la presente resolución como imputados, más tarde y en su caso en la exposición razonada si hubiere lugar, y finalmente como inculpados por el tribunal superior, si procediere".

Pero considera que es momento de comunicar la existencia del procedimiento a los aforados a la vista de "la relevante documentación aportada, especialmente los informes de la Intervención General, la documentación presupuestaria, la procedente de la Dirección General de Trabajo" y las subvenciones a la Sierra Norte de Sevilla.

La noticia de la imputación de los expresidentes andaluces se ha conocido este lunes durante el acto de toma de posesión de los nuevos consejeros del Gobierno andaluz, presidido desde el pasado sábado por la socialista Susana Díaz.

Tras el discurso de Díaz y la primera foto oficial del nuevo Ejecutivo, los numerosos medios de comunicación que asistían al acto han tratado de recabar reacciones oficiales. La presidenta andaluza no ha hecho declaraciones.

Tampoco los consejeros se han querido pronunciar. El nuevo responsable de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, solo ha apuntado que no era el día para hablar de este asunto.

En este sentido, el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, que se ha mostrado sorprendido por el auto de Alaya, ha afirmado que "hoy el protagonismo es del Gobierno, no de la juez". Hay que "fijarse en otros detalles menos relevantes", ha indicado.

Tras la toma de posesión del nuevo Ejecutivo, De Llera, visiblemente molesto, ha dejado claro que no iba a hablar más de la jueza sevillana. "Hoy ha tomado posesión un Gobierno con una potencia extraordinaria y eso es lo realmente importante para los ciudadanos, más que cualquier auto de cualquier juez o cualquier sentencia del Tribunal Supremo", ha zanjado.

También ha considerado "increíble" que Alaya haya sacado este lunes este auto, coincidiendo con el acto de toma de posesión de los nuevos consejeros. De hecho, ha preguntado a los periodistas cuando le ha sido requerida su opinión: "¿Es verdad que lo ha sacado hoy?"

La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, ha añadido que ve "demasiadas coincidencias" en que cada vez que hay un "acto importante para Andalucía", la jueza dicta un nuevo auto judicial en este caso.

El vicepresidente del Gobierno andaluz, Diego Valderas (IU), ha declarado: "la Justicia a su trabajo y el Gobierno, a gobernar". Valderas no ha querido emitir "ningún tipo de opinión que pudiera ser malinterpretada".

Asimismo, ha subrayado que el pensamiento del nuevo Ejecutivo andaluz "está puesto en Andalucía, en los parados y en las familias con más necesidades".

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha limitado a expresar su "respeto" por la acción de la Justicia, alegando que no había tenido tiempo de leer el auto. "Como es evidente no lo he leído. Cuando lo leamos, si tenemos algo que decir, lo diremos", ha añadido.

Mientras, el líder del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado que este lunes "se han derrumbado los pirales de la Junta de Andalucía" y que se ha puesto de manifiesto que el caso de los ERE es el "más grave que ha ocurrido en la democracia española".

Por eso, ha exigido a la presidenta de la Junta que se diferencie de sus antecesores y ofrezca una explicación "inmediata" a los andaluces sobre "la verdad" de este caso.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción estudia el contenido del auto de la jueza Alaya para conocer si se ajusta a derecho y si es conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo para decidir si lo recurre.