El alcalde de La Guardia busca este martes un acuerdo con Fomento para restaurar el Castillo con el 1% cultural

El alcalde de La Guardia (Jaén), Juan Morillo (PP), va a mantener este martes una reunión en Madrid con la directora general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, Pilar Martínez, para "tratar de llegar a un acuerdo" por el que el Gobierno central acepte sufragar parte del proyecto de rehabilitación del Castillo de dicha localidad jiennense con cargo al uno por ciento cultural.

El alcalde de La Guardia (Jaén), Juan Morillo (PP), va a mantener este martes una reunión en Madrid con la directora general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, Pilar Martínez, para "tratar de llegar a un acuerdo" por el que el Gobierno central acepte sufragar parte del proyecto de rehabilitación del Castillo de dicha localidad jiennense con cargo al uno por ciento cultural.

Así lo ha señalado este lunes a Europa Press el alcalde, que ha confirmado que el detonante de esta reunión ha sido la reciente sentencia de la Audiencia Nacional (AN) que ha obligado al Estado a que, mediante la Comisión Mixta entre los ministerios de Fomento y Cultura para la actuación conjunta en el patrimonio histórico español a través del uno por ciento cultural, vuelva a pronunciarse sobre dicho proyecto, después de que dicho organismo estatal decidiese su archivo en julio de 2009 pese a haberlo acepto inicialmente en 2002.

Morillo —que ha precisado que la reunión se desarrollará en la sede del Ministerio de Fomento, del que depende la citada dirección general— argumenta que el Ayuntamiento de La Guardia "ya ha cumplido sus compromisos" de financiación con ese proyecto, tanto cuando se presentó la iniciativa en un primer momento, en 2002, como cuando posteriormente el Gobierno pidió que se redactara un nuevo proyecto.

De esta manera, el regidor llega este martes a Madrid dispuesto a "poner encima de la mesa" la sentencia de la Audiencia Nacional y a explicar "lo que se ha hecho hasta ahora" al respecto para "tratar de buscar un acuerdo".

Tras conocerse la sentencia, Morillo ya expresó además su "esperanza" en que el Gobierno actual no recurriese el fallo ante el TS, porque, en su opinión, cometería un "error" como el que, a su juicio, protagonizó el anterior Ejecutivo socialista al archivar el proyecto "sin explicar los motivos".

Como se ha informado, en la mencionada sentencia, fechada el pasado 8 de julio, la AN entiende que el archivo acordado por la comisión mixta "no es acorde al ordenamiento jurídico", ya que el Ayuntamiento "no ha obtenido una resolución que decida sobre el fondo, y no se le ha dado audiencia previa para rechazar su proyecto", algo que solicitaba en su recurso el Consistorio apoyándose en el artículo 84 de la Ley 30/1992 de Régimen jurídico de las Administraciones públicas.

Más de una década de recorrido

La sentencia relata que el Ayuntamiento presentó inicialmente este proyecto en diciembre de 2001, y el Estado, a través de la Comisión Mixta entre los ministerios de Fomento y Educación, Cultura y Deporte, aceptó en julio de 2002 financiar el 50 por ciento del mismo "en tres ejercicios presupuestarios".

Sin embargo, después de aplicar distintas modificaciones al proyecto inicial —que quedó definitivo en mayo de 2004, con un coste total de 799.474,88 euros—, el Consistorio solicitó en 2006 al Ministerio de Fomento una nueva petición de financiación, que fue rechazada por el Estado, que consideró más prioritarias otras actuaciones.

El Estado argumenta que "nunca se asumió un compromiso con el Ayuntamiento", ya que la comisión mixta es "un grupo de trabajo que carece de facultades decisorias", de forma que sus acuerdos "no podrán tener trascendencia jurídica frente a terceros, sin que se haya adoptado un acuerdo específico posterior o convenio de colaboración con la entidad pública interesada en la actuación", y que la solicitud presentada en 2006 "adolecía de múltiples deficiencias".

Sin embargo, desde el Consistorio se señala que, en la resolución en la que archiva ese proyecto, "no se hace mención a los motivos concretos por los que dichas actuaciones no han accedido a crédito, a los criterios que se han tenido en cuenta para la financiación de otras actuaciones en detrimento de éstas, ni a los motivos que llevan a la devolución de estos expedientes".

El juez que rubrica la sentencia recuerda que el TS reconoce "carácter resolutorio y ejecutivo" a los acuerdos de las comisiones mixtas, frente a lo defendido por el Abogado del Estado, y, en otros casos similares, ha señalado que "una vez que la Administración haya aprobado una concreta actuación a través del acuerdo adoptado por el órgano administrativo competente, está obligado a respetar dicha resolución".

Por ello, y ya que la comisión mixta aprobó en 2002 la actuación en el Castillo de La Guardia y el Ayuntamiento de la localidad cumplió el requisito establecido de enviar el proyecto, la Audiencia Nacional entiende que el archivo acordado años después por la comisión mixta "no es acorde al ordenamiento jurídico", por lo que estima parcialmente su recurso, anula las resoluciones contra las que éste se presentaba y obliga a "retrotraer las actuaciones para que, tras la audiencia debida, la Comisión Mixta se pronuncie sobre el fondo de la cuestión".

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