El alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), declarará este martes ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Granada como imputado por un posible delito de prevaricación.

Su declaración se debe a una operación urbanística relacionada con la urbanización del Cerrillo de Maracena, por la que el Ayuntamiento de la capital aceptó saldar una deuda de 8,2 millones de euros a dos promotores, a cambio del porcentaje en una parcela, lo que podría haber conllevado un "menoscabo" al patrimonio municipal.

El alcalde declarará a las 9.30 h, y tras él lo harán otros dos imputados, los promotores presuntamente implicados: el empresario José Julián Romero (JJ Consulting) y la apoderada de Comarex-Desarrollo Mercantil. En el asunto también hay imputados dos representantes de una entidad bancaria, que comparecerán el 4 de octubre próximo, y un representante de una de las promotoras, que declarará por exhorto en Madrid.

El PSOE, personado como acusación popular, fue quien denunció el asunto, motivando la apertura de diligencias previas por parte del juzgado el 16 de octubre de 2012.

Según consta en la denuncia, JJ Consulting como Comarex Desarrollos mantenían deudas millonarias con el Ayuntamiento, por lo que la recaudación municipal les había embargado varias fincas.

El 3 de junio de 2011, el alcalde, los promotores y los representantes de la entidad bancaria acordaron dar por concluidos los expedientes de recaudación, levantando los embargos. Esa comparecencia se llevó a cabo, según PSOE, en desarrollo de un acuerdo de liquidación y pago de deuda suscrito por el Ayuntamiento y los querellados.

En pago de la deuda, el alcalde aceptó supuestamente recibir de los promotores una participación del 14,51% en una parcela, más conocida por Cerrillo Maracena, donde, además, estaba prevista la construcción del Palacio de Hielo.

Para el PSOE, esta venta de patrimonio municipal, "puramente especulativa para la compradora y para buena parte de los vendedores", se adoptó "contraviniendo la totalidad de los reglamentos”, a la vez que “desprotegiendo los intereses municipales".

Las operaciones relacionadas con el Cerrillo de Maracena han motivado, además, otro proceso judicial.