Mercedes Alaya, jueza que investiga la trama de los ERE irregulares, admite que «no existe riesgo de fuga relevante» por parte de Juan Lanzas, conseguidor de las ayudas y exsindicalista de UGT y de Eduardo Pascual y María Vaqué, exdirectivos de Vitalia.

Son los únicos imputados, de los 116 que acumula la causa, que continúan en prisión pese a rebajarles la fianza.

Por otro lado, un informe de la Guardia Civil  afirma que «existía claramente una voluntad de disfrazar las ayudas directas a empresas como ayudas sociolaborales». La sociedad Saldauto, especifica, recibió  una «subvención directa camuflada».

Además, el Consejo General de la Abogacía elabora un informe sobre la prohibición de compartir abogados en los ERE. Y es que Merecedes Alaya ha ordenado a 13 imputados que cambien de letrado por la posible existencia de incompatibilidades entre sus líneas de defensa en caso de compartir letrado, como en la actualidad.

Asímismo, Alaya retomará este martes las comparecencias de imputados con un jefe de servicio de la Dirección General de Trabajo, que se va a acoger a su derecho a no declarar, y que será seguido, los días 17 y 19, por dos ex directores generales de Presupuesto.

Al parecer, el imputado Antonio Diz-Lois, exjefe de servicio en la Dirección General de Trabajo, se va a acoger a su derecho a no declarar, al igual que hizo cuando en agosto del 2012 acudió a la comisión parlamentaria de investigación.