El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha recordado de nuevo a su homólogo del vecino municipio de Torremolinos y compañero del PP, Pedro Fernández Montes, que "hay que ejecutar la sentencia" que le obliga a abonar a la capital la deuda de más de 16 millones de euros por la segregación y conversión en pueblo en 1988. Por ello, aunque ha dicho entender que "se resista" inicialmente, también ha admitido que ya se trata de "una cosa muy evidente y obvia" y "lo lógico sería buscar una fórmula de pago aplazado", zanjando así esta polémica.

"Estamos en un Estado de Derecho y ha de cumplirse la sentencia; no entenderían los malagueños que no lo planteáramos así", ha manifestado a Europa Press De la Torre, haciendo hincapié en que "no tengo ninguna postura contra Torremolinos; al contrario, el mejor ánimo de colaboración, pero tenemos que ejecutar una sentencia que está ahí".

Por ello, el primer edil malagueño ha considerado que, aunque "Torremolinos trate de contraargumentar planteando una posible deuda de Málaga, un invento difícil de sostener —ha opinado—, en una sentencia ya aprobada y que hay que ejecutar es difícil hacerlo". El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que daba la razón al Ayuntamiento de la capital fue ratificado en 2008 por el Tribunal Supremo (TS).

Pago en hasta 20 AÑOS

De la Torre ha incidido en que el Ayuntamiento de Málaga planteó "facilidades infinitas" para el pago de esa deuda por los servicios de limpieza y recogida de basuras prestados a Torremolinos durante su segregación y conversión en pueblo. De hecho, ha reiterado que "no hemos dicho que se ejecute ya el abono de la totalidad, sino que se propuso hacerlo de forma aplazada y por escrito le hemos ofrecido que sea en muchos años —hasta 20, contemplando, incluso, la posibilidad de que parte del débito se pudiera satisfacer en solares—".

Ha defendido que "la colaboración a nivel de ayuntamientos es facilitar las cosas", al tiempo que ha dejado claro que "con esa deuda no pretendemos resolver ningún problema económico del Ayuntamiento de Málaga, que ha demostrado sobradamente su solvencia: pagamos a proveedores en 23 días, somos ejemplares en esa materia, y desarrollamos una política de calidad de servicios como nunca, estando en vanguardia en muchos temas". En definitiva, ha indicado, "la ciudad funciona muy bien, pero tenemos la obligación de cobrar ese dinero porque hay una sentencia".

Recurso de revisión

Tras pedir la ejecución de la sentencia, el Ayuntamiento de Torremolinos interpuso ante el TSJA un recurso extraordinario de revisión para lo que argumentaba que quien debe es el Consistorio malagueño, aludiendo a cuestiones como que los ingresos que aportó antes de su segregación eran superiores a lo que Málaga gastaba en la barriada o que el coste del agua que suministraba a la capital era mayor que la deuda a la que se hace referencia, algo rechazado por De la Torre y contestado ya por los servicios jurídicos municipales.

El alcalde de Málaga concedió en mayo de 2012 al Ayuntamiento de Torremolinos un plazo de 60 días para abonar esos 16,2 millones de euros —casi 10 millones, a los que se suman los intereses devengados— o para negociar un plan de pago. Al cumplirse el ultimátum sin haber obtenido respuesta, se solicitó al TSJA la ejecución de la sentencia, tras lo que el Consistorio torremolinense presentó el recurso de revisión para partir de cero y reclamar a la capital el dinero que, en su opinión, le adeuda.