Entre los argumentos esgrimidos en la impugnación destaca que la orden de la Administración no puede tener efectos retroactivos y anular el derecho concedido a la prolongación del servicio activo. El sindicato recuerda "la consolidada doctrina del TSJ sobre los derechos adquiridos de los empleados públicos".

Asimismo, alude, en su impugnación, a la vulneración del principio de seguridad jurídica. Por este motivo explica que la Administración "debe respetar los derechos adquiridos y situaciones jurídicas creadas al amparo de la normativa anterior". En ese sentido, recuerda que las resoluciones que permitían la prolongación del servicio activo del personal sanitario "son actos administrativos firmes".

CSI·F, en la impugnación del recurso de reposición, advierte de que, de aplicar Conselleria su jubilación forzosa de personal "se ocasiona un grave perjuicio a los interesados no solamente en lo económico, sino también porque se les priva de su derecho de continuar en el servicio activo cuando no existe ningún motivo para ello".

La central sindical señala, del mismo modo, que la decisión del TSJ de suspender cautelarmente esa jubilación forzosa hasta que emita sentencia firme "no supone un perjuicio para la Administración". Por el contrario sostiene que "todo ese personal al que se le ha concedido prórroga en el servicio activo ha pasado por el Servicio de Prevención de Riesgos y se encuentra apto para el desempeño de las funciones propias de su puesto de trabajo".

Por último,pide a la sala que admita su escrito de impugnación del recurso de reposición interpuesto por Conselleria de Sanidad y, a la vista de los argumentos expuestos, "desestime ese recurso y confirme la resolución recurrida". Esta última suspende la jubilación forzosa y permite seguir en activo a unos 600 trabajadores sanitarios.