
La crisis económica ha provocado que cada vez más españoles, voluntaria o involuntariamente, hayan optado por retirarse del mercado de trabajo y pasar a cobrar una pensión de jubilación. Así lo constatan las estadísticas oficiales del Ministerio de Empleo, que desde que estalló la burbuja en España registran un aumento del 71% en el número de trabajadores que se dan de alta como pensionistas jubilados.
En 2007, un año antes de que estallara la crisis del ladrillo, se registraban de media 12.396 altas mensuales de nuevos jubilados en la Seguridad Social. Esta cifra no ha dejado de aumentar año a año, y ya en 2013 asciende a más de 21.256 personas que, de media, deciden retirarse del mercado laboral, dejar de contribuir, y pasar a cobrar una pensión de jubilación. En todo 2007 se jubilaron 148.760 trabajadores; sólo en los primeros seis meses de este año (últimos datos disponibles) ya van 127.540, según los datos del sistema público.
Fuentes consultadas por este diario apuntan a diversas razones que explican esta avalancha. Una de las causas principales, según el sindicato Comisiones Obreras, se encuentra en el aumento del número de expedientes de regulación de empleo (ERE) en los que se incluyen planes para retirar trabajadores de forma anticipada.
Los ERE de extinción, al alza
Sólo como ejemplo, a lo largo de este año, sólo en el sector de la banca nacionalizada se han aprobado expedientes de regulación de empleo con jubilaciones anticipadas en BFA-Bankia, Banco de Valencia (211) y Novagalicia (455), entre otros. Y no solo en las entidades en poder del Estado: Santander y Banesto pactaron con los sindicatos prejubilaciones con un 80% del salario bruto; similares características presentaba el acuerdo firmado por Caixabank.
Servicios, industria, construcción... los procesos de reducción de plantilla colectivos abarcan a todos los sectores, y en los primeros seis meses del año han afectado ya a 199.569 trabajadores, un aumento del 2,1% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de CC OO, que denuncia un "imparable aumento de los despidos colectivos".
Tal ha sido la tendencia de los últimos años que en abril el Gobierno endureció las condiciones para acceder a la jubilación anticipada. Así, la edad mínima para acceder a este derecho se eleva de 61 a 63 años, y se han de acreditar al menos 35 años cotizados, a cambio de quedar se con una pensión menor. El objetivo: reducir la factura pública en 4.900 millones.
Un futuro incierto
El incremento de los retiros anticipados es también el motivo de que la Administración Central del Estado presente ahora el número más bajo de empleados (227.814 en enero) de toda la serie histórica. Y es que "los recortes y la incertidumbre económica" han provocado numerosas jubilaciones anticipadas entre los trabajadores de mayor edad: "A los 63 años en el caso del personal dependiente de la Seguridad Social, o bien a los 60 para el personal adscrito a Muface", tal como ha informado el sindicato de funcionarios CSIF.
El miedo por un futuro incierto es otro de los motivos que, tal como aseguran las fuentes consultadas por este diario, ha disparado la solicitud de nuevas jubilaciones entre los trabajadores o autónomos de más edad, que prefieren quedarse con una pensión más baja que seguir compitiendo en el complicado mercado laboral actual.
Es el caso, por ejemplo, de Jesús Blanco, un albañil de 61 años de Santander (Cantabria), que tras más de 45 años trabajando en el sector de la construcción perdió su empleo en 2010. Tras tratar de seguir como autónomo, por su cuenta, ha visto como el negocio no ha hecho sino caer, por lo que este año ha decidido retirarse, aún a costa de una menor pensión. "El sector de la construcción ahora está casi muerto, y seguir no tiene mucho sentido", explica.
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