Coincidiendo con la convocatoria de huelga los bomberos de los parques comarcales de gestión privada, el Parlamento de Galicia ha debatido dos iniciativas relativas a este conflicto, que no han salido adelante, pero que han contado con el apoyo mutuo de los grupos de la oposición en la reclamación de "rescatar" para la gestión pública los parques de bomberos que llevan empresas privadas.

Enfrente, los populares han advertido de que aceptan "cero lecciones" de las fuerzas políticas que apoyaron la ley (la de emergencias) que permite "externalizar" los servicios y lamentan que a esa acción le llamen "privatizar" cuando lo hace el PP, en palabras de Paula Prado.

Así las cosas, no salieron adelante ninguna de las dos proposiciones no de ley que impulsaron el PSdeG —que incorporó una enmienda del BNG— y AGE, las cuales, en esencia, demandan reformular el sistema de gestión para que sean gestionados directamente por la Administración autonómica.

También reclaman mediar en el conflicto entre la empresa Veicar y los trabajadores, para que se firme un "nuevo convenio colectivo de forma que las nuevas condiciones laborales no sean decididas de forma unilateral por la empresa", así como "garantizar el respeto a los derechos laborales y sindicales de los trabajadores de los parques comarcales".

Una de las iniciativas fue la impulsada por la diputada socialista Beatriz Sestayo, quien demandó que se desarrolle la Ley de emergencias de Galicia, como también así lo recogía el texto rechazado, y quien acusó a la Xunta de "castigar" a sabiendas los parques públicos de bomberos, retirándoles los medios precisos con el fin de "privatizar" este servicio.

La parlamentaria socialista alertó sobre la "situación de asfixia" de los parques públicos, al tiempo que dotan de más medios materiales los privados pero "precarizando" las condiciones laborales de los trabajadores. También acusó a los populares de "extinguir los convenios colectivos" y de convertir la gestión de las emergencias en una situación "caótica".

"PRECARIZACIÓN"

Por su parte, la diputada de AGE Yolanda Díaz, impulsora de la otra propuesta que se debatió este viernes en la Comisión Institucional, ha denunciado la "privatización" de los servicios de emergencias, con la consecuente "precarización y encarecimiento del servicio público".

Así, y tras acusar a los populares de "desbaratar el servicio de bomberos", defendió para Galicia el modelo catalán, que es el de "tutela" de este tipo de servicios, al tiempo que advirtió de la gallega es de las "pocas comunidades que tiene privatizadas las emergencias".

Tereixa Paz, por parte del BNG, defendió que la ley permite la externalización, "pero no obliga a la privatización" de los servicios, a la cual, añadió, los nacionalistas "se posicionaron en contra cuando se inició por parte del vicepresidente de la Xunta", Alfonso Rueda, en los consorcios de salvamento y en el servicio de extinción de incendios.

Pero pese a estos argumentos, Paula Prado tachó de "hipócrita" la actitud de los grupos de la oposición, incluyendo también a AGE toda vez que de esta coalición forma parte Xosé Manuel Beiras, en el BNG cuando gobernaba el bipartito. Además, la diputada popular arremetió contra la gestión de los socialistas en esta materia y citó el parque de bomberos de Santiago (ayuntamiento de la que ha sido concejala) para señalar que lo que existe es "un amasijo de hierros" y más de un millón de euros "enterrados".

La también portavoz del PP gallego ha proclamado que Galicia "está en la vanguardia de las emergencias a nivel nacional" y subrayó que la Xunta invierte más de diez millones de euros en emergencias cada año.

Los grupos de la oposición mostraron su apoyo a las reivindicaciones de los bomberos en huelga e hicieron un reconocimiento a los bomberos que suspendieron su huelga para atender las emergencias derivadas del accidente del tren que descarriló en Santiago de Compostela el 24 de julio.

Iniciativa aprobada

Por otro lado, salió adelante, con la abstención de los grupos de la oposición, la propuesta impulsada por el PPdeG en la que se pide que la Xunta realice las gestiones oportunas para que la gestión de la formación de los empleados públicos esté "totalmente integrada" con la e-administración. El resto de las propuestas defendidas por los grupos de la oposición fueron rechazadas por la mayoría parlamentaria.