El PP pide la suspensión de tres puntos de una de las resoluciones del PSOE sobre transparencia

El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado la suspensión de tres apartados de uno de los puntos recogidos en una de las siete resoluciones presentadas por el PSOE al Debate sobre el Estado de la Región, que introduce varias modificaciones en la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
Cortes C-LM
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EUROPA PRESS
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El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado la suspensión de tres apartados de uno de los puntos recogidos en una de las siete resoluciones presentadas por el PSOE al Debate sobre el Estado de la Región, que introduce varias modificaciones en la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.

Según han informado a Europa Press fuentes socialistas, a última hora de este jueves el PP solicitó que, de esa resolución, se suspendieran tres apartados, y por ello el PSOE ha urgido a primera hora de este viernes a una reunión de la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha para estudiar los cambios solicitados por el Partido Popular y ha presentado un escrito de reconsideración.

Las mismas fuentes han detallado que la Mesa ha decidido este viernes que esos tres apartados de la resolución socialista sigan suspendidos, tal y como solicitó el PP, por lo que la resolución se votará durante el Debate sin tener en cuenta esos tres apartados.

El PP, según estas fuentes, solicitó a última hora de este jueves que, en la resolución socialista sobre transparencia, se eliminase el apartado que pide incompatibilizar el desempeño de la Presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha con funciones ejecutivas en las direcciones nacionales de los partidos políticos.

Otro de los apartados que el PP ha instado a suspender es el que solicita incorporar la obligatoriedad de presentar las declaraciones de bienes de los cónyuges de los altos cargos el Gobierno regional y parlamentarios regionales.

Finalmente, los 'populares' quieren suspender el apartado que pide regular la publicación de las declaraciones de IRPF y patrimonio de los altos cargos del Gobierno regional, parlamentarios y sus cónyuges de los últimos diez años, incorporando un estricto régimen sancionador para quienes emitan y falseen los datos a declarar.

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