El conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Gabriel Company, ha asegurado este jueves que "proteger tiene precio" y ha lamentado que el Govern tenga que destinar "muchos millones de euros a pagar algunas decisiones un tanto caprichosas de determinada gente".

Así se ha referido Company a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) con la que se condena al Ejecutivo balear a indemnizar con 22,5 millones a varios propietarios de diversas parcelas situadas en la urbanización Cala Carbó, en Pollença (Mallorca), que en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) estaban clasificadas como suelo urbano, pero que pasaron a tener la condición de suelo rústico protegido tras la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes para un Desarrollo Territorial Sostenible.

En declaraciones a la prensa, el conseller ha dicho que la sentencia está relacionada "con la famosa Ley 4/2008" elaborada por el Pacte de Progrés, que "se dedicó a proteger una serie de entornos desclasificando los terrenos que había en aquel momento y conculcando una serie de derechos a determinados propietarios", quienes posteriormente presentaron sus reclamaciones.

En este sentido, ha recordado que, a consecuencia de esta Ley, "teníamos 703 millones de euros de reclamaciones encima de la mesa" y que ya salió otra sentencia con la que se condenaba al Govern a pagar 1,6 millones de euros por tres solares de 1.000 metros cada uno en Pollença.

En relación al fallo hecho público este jueves, ha revelado que el Govern defenderá sus intereses, si bien "veremos cómo acaba", ha añadido.

"Vuelve a ser una de las decisiones que determinados políticos tomaron muy a la ligera y hacen que el Govern se quede contra las cuerdas. Estamos destinando muchos millones de euros a pagar algunas decisiones un tanto caprichosas de determinada gente", ha manifestado.

Company también ha indicado que hay algunas personas que hace tiempo que se dedican a la política y suelen decir que proteger no tiene precio, si bien "proteger tiene precio y tenemos que saber qué hay que pasar delante en un momento en el que las prioridades se deben marcar y las tenemos claras".

Finalmente, el responsable autonómico de Medio Ambiente ha recordado que el actual Govern hizo la Ley 7/2012 para dejar claro que las urbanizaciones con calles, farolas y alcantarillado no deben ser consideradas como ANEI puesto que son zonas transformadas "y la 4/2008 encontró que estas urbanizaciones tenían que ser áreas naturales y esto nos lleva a tener que destinar mucho dinero a pagar indemnizaciones", ha lamentado.