El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Calvià ha interpuesto una demanda contra el Consistorio mallorquín por vulneración de derechos fundamentales, al ocultar información en torno a un convenio de 326.000 euros anuales para la recogida de basura en Andratx, lo que la formación interpreta como una forma de encubrir un posible desvío de fondos públicos a través de una actuación realizada "a espaldas de la legalidad", y evitar así una judicialización del asunto "con consecuencias judiciales indeseadas".

La demanda, a la que ha tenido acceso Europa Press, alude en concreto a un convenio rubricado entre los Ayuntamientos de Calvià y Andratx con la empresa Calvià 2000, sin que la oposición haya podido tener acceso a la documentación del mismo, una actitud con la que, denuncia, el equipo de gobierno "pretende emular las de ciertos expolíticos que han sido condenados por corruptos y similares epítetos, y que han traicionado a los ciudadanos que depositaron su confianza en ellos".

El escrito, firmado por el letrado Pablo Alonso de Caso en representación del portavoz socialista en Calvià, Alfonso Rodríguez, señala que el pasado 30 de mayo el PSOE solicitó mediante moción la suspensión de la prórroga prevista del convenio por falta de información sobre la ejecución del mismo, sus beneficios, el coste y si contaba con el visto bueno de los funcionarios. Pese a ello, recrimina, la iniciativa fue rechazada y la prórroga aprobada.

El demandante pone de manifiesto que la única documentación que le fue entregada -posteriormente a la aprobación de la prórroga- consistía en cinco folios "sin numerar ni testimoniar", ignorando "si era toda la que componía el expediente administrativo". Ante esto, el PSOE solicitó de nuevo la información requerida, si bien el Ayuntamiento acudió a los servicios de un jurídico externo en base a cuyo informe el Consistorio acabó denegando la petición de los socialistas.

Una decisión que, asevera Alonso de Caso, supone "el desesperado y vano intento de ocultar contratos y decisiones que más pronto que tarde saldrán a la luz". "Véase cómo el derecho a la información y la participación acaba imponiéndose sobre las corruptelas y oscurantismos en un Estado verdaderamente democrático, pese a que el poder lo ejerzan personas que añoran tiempos pasados en los que los ciudadanos carecían de representantes así como del derecho para poder reclamar información", incide el abogado en este sentido.

En este contexto, subraya cómo uno de los argumentos del Ayuntamiento para no facilitar la información radica en el "previsible uso" que de los datos pudieran hacer los socialistas, como si desde el Consistorio "tuvieran dotes adivinatorias y supieran qué uso se va a hacer, y sin indicar ni siquiera el supuesto uso perverso y abyecto que de la información ha venido realizando el solicitante de la misma", asevera el letrado.

"En definitiva, afirman que ha hecho un uso inadecuado de la información -sin indicar cuál- y prevén que semejante comportamiento reprochable se repetirá -desconociéndose cómo han llegado a semejante conclusión premonitoria-; de ahí que lo denieguen (...) porque sí, porque quieren y porque es su caprichosa voluntad, en un ejercicio voluntarista del poder y de la autoridad que bien pudiera ser tildado de prevaricador", recrimina Alonso de Caso.

El abogado hace hincapié asimismo en el hecho de que el Ayuntamiento echara mano de un jurídico externo para elaborar el informe previo a la denegación de los datos, puesto que "ningún funcionario de carrera se atrevería a firmar semejante informe" que, a mayor abundamiento, cita una sentencia que "ni es de aplicación al asunto y por ende no sirve para avalar la postura torpe, torticera y contraria a Derecho que ha adoptado el Consistorio".

La denegación "estaba tomada de antemano"

En este sentido, incide en que "es tal el grado de desprecio al derecho de información de los concejales que están en la oposición, que se emplea una forma tan soberbia y prepotente como la empleada, que demuestra cómo la decisión estaba tomada de antemano". Alonso de Caso considera que, con esta actitud, no se ha respetado el Reglamento Orgánico Municipal de Calvià, que dispone el acceso a la información, lo que "obedece a un capricho y a un ánimo de ocultar la información y dificultar la labor de control y fiscalización".

Es por ello que, subraya, como quiera que al Consistorio 'calvianer' "no le convenía, pues quedaría al descubierto lo que viene ocultando, y como quiera que los funcionarios no le darían respaldo, buscó un asesor externo para que le redactara un informe que sirviera de pretexto para la decisión que de antemano había tomado la alcaldía". Adoptando así una decisión "inmotivada, caprichosa, graciosa y gratuita" que viola además el artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local.

"ultraje al derecho constitucional y toda la ciudadanía de calviÀ"

Tal y como reza la demanda, con la denegación de la información "se está vetando el derecho de los ciudadanos a la participación en los asuntos públicos", una participación que, subraya, "no se limita o constriñe a una mera votación rutinaria cada cuatro años sino a un constante control de la acción de gobierno que debe efectuarse con las mejores condiciones, y éstas no son otras que la información".

"La información supone la verdadera, eficaz y eficiente labor de participación en cuestiones públicas pues sin ella no se conoce el verdadero alcance y magnitud de aquello que realiza y decide quien ejerce el control", asevera Alonso de Caso, quien arguye así que "por ende deviene en imprescindible contar con toda la información posible antes de tomar una decisión y fiscalizar si es acertada o no". Tanto es así que, asevera, en este caso la denegación de los datos "no es sólo un ultraje al Derecho Constitucional que asiste a mi mandante, sino a toda la ciudadanía 'calvianera'", concluye.