La diputada regional del PSOE, Teresa Rosique, ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista "ha presentado nuevamente una moción en la Asamblea Regional instando al Gobierno de Ramón Luis Valcárcel a que garantice la asistencia sanitaria gratuita a los inmigrantes que residen en la Comunidad, sea cual sea su situación legal".

Una moción en este sentido ya fue presentada en mayo por los socialistas y rechazada por el Grupo Parlamentario Popular, pero ahora el PSOE insiste al entrar en vigor la normativa que obliga a los inmigrantes sin papeles a firmar un convenio con la Seguridad Social que implica que "personas con muy pocos recursos, como son los 'sin papeles', tengan que pagar entre 60 euros mensuales (sin son mayores de 60 años) y 157 euros al mes (el resto) para poder ser atendidos por la Sanidad pública, además de tener que desembolsar el 100% del precio de los medicamentos".

Sostiene, al respecto, que "el convenio que impone el PP sólo garantiza la asistencia sanitaria gratuita a menores y a mujeres que vayan a dar a luz".

Para Rosique, "la exclusión de los inmigrantes en situación irregular supone un retroceso en los Derechos Humanos y una medida injusta socialmente".

"Supondrá un ahorro poco relevante en términos de reducción del déficit y, sin embargo, su impacto en términos de salud será enorme, en especial para pacientes en tratamiento por cáncer, hemodiálisis y otras enfermedades crónicas, cuya continuidad dependerá ahora de su capacidad de renta para poder costearlos", señala.

Precisamente, recuerda, "el Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que acaba de examinar el quinto informe de España sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha manifestado públicamente su preocupación por las modificaciones introducidas por el Real Decreto Ley 16/2012, del 20 de abril de 2012, en particular en la Ley de Extranjería de 2009, que recortan los derechos de acceso de los inmigrantes en situación irregular a los servicios públicos de salud y además el Tribunal Constitucional se ha pronunciado contrario a eliminar la los derechos sanitarios a las personas".

Rosique también ha puesto de manifiesto que "otras comunidades autónomas españolas como Cataluña, País Vasco, Navarra, Asturias y Andalucía, y algunas incluso gobernadas por el PP, como la Comunidad Valenciana, Castilla-León, Extremadura o Galicia, ya han anunciado que no quitarán la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular".

De las comunidades gobernadas por el PP, "algunas han abierto vías para garantizar la atención sanitaria temporal a estos inmigrantes que, aunque se están mostrando insuficientes, las diferencian incluso de nuestra Comunidad Autónoma".

Por ello, considera que "resulta incomprensible que en la Región de Murcia la Consejería de Sanidad y Política Social haya aplicado a rajatabla la nueva medida restrictiva, e incluso lo haya hecho antes de la fecha límite".