Asaja de Castilla y León ha lamentado hoy haber tenido conocimiento por la prensa de que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha promovido el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, normativa que afecta directamente al sector agrario y ganadero, en especial al intensivo, ya sea al poner en marcha o bien ampliar las explotaciones.

La organización, a través de un comunicado, asegura que no critica los objetivos que, según Miguel Arias Cañete, persigue esta actualización de la normativa (simplificar los procedimientos administrativos, establecer una legislación homogénea y garantizar la protección medioambiental), pero sí el hecho de que cuando ya está el proyecto de Ley en marcha no conozcan su contenido concreto ni su articulado, "a pesar de que los agricultores y ganaderos son interesados principales. Escuchar la voz de sus representantes hubiera sido lo más sensato y justo", indica la OPA.

En la escueta presentación del proyecto, el ministro incidió en que se pretende ajustar los tiempos de tramitación, marcando con cuatro meses el plazo para la evaluación de impacto ambiental ordinaria, un objetivo con el que Asaja está de acuerdo al cien por cien, puesto que en estos momentos los trámites para lograr esta evaluación ambiental pueden demorarse fácilmente dos años e incluso tres o cuatro, "perdidos los papeles en un rosario de departamentos y despachos. Un proceso en el que no pocos emprendedores han claudicado y abandonado".

De hecho, y aunque a partir de la próxima aprobación de la Ley las comunidades autónomas tienen como tope un plazo de un año para realizar sus adaptaciones y aplicar la normativa en sus territorios, Asaja sugiere a la Junta, y en concreto a la Consejería de Medio Ambiente, que "desde ya intente aproximarse a este plazo de cuatro meses para dar salida a cuantos proyectos sean adecuados y viables, en un momento en el que tan necesaria es la puesta en marcha de iniciativas empresariales que generen trabajo y riqueza en la región".