El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Valladolid preguntará en el Pleno que se celebra mañana martes, 3 de septiembre, por las aportaciones que ha podido hacer el Consistorio a las nuevas normativas sobre vivienda y urbanismo puestas en marcha por la Junta de Castilla y León.

En un comunicado recogido por Europa Press, fuentes de Izquierda Unida han recordado que en las últimas semanas se ha avanzado en la tramitación de dos actuaciones normativas de la Junta de Castilla y León como una ley dirigida a promover la "regeneración urbana", y un decreto-ley de "medidas urgentes en materia de vivienda".

La futura Ley de Regeneración Urbana de Castilla y León se ha presentado, según ha explicado IU, en varias ocasiones por el Consejero de Fomento y Medio Ambiente como una propuesta para reorientar el urbanismo de la Comunidad y según las previsiones del consejero de Fomento, Antonio Silván, se aprobará "a finales del año".

Por otra parte, el 5 de agosto de 2013 se publicó en el BOCyL el Decreto Ley 1/2013, "de medidas urgentes en materia de vivienda". Desarrolla el título V de la Ley 9/2010, del Derecho a la Vivienda de Castilla y León y entre sus determinaciones están la regulación del programa de fomento del alquiler y la derogación del Revival.

"Se ha criticado el hecho de haber sido aprobado sin el suficiente debate, por lo que finalmente se tramitará como Proyecto de Ley, para permitir mayor participación", han matizado.

IU ha insistido en que Valladolid es la mayor ciudad de Castilla y León, "y es de suponer que en las políticas de la Comunidad Autónoma sobre urbanismo y vivienda tendrá algo que decir y su voz habrá de ser significativa". Por ello, consideran muy relevante conocer cuál es la posición del equipo de gobierno municipal sobre ambos textos normativos.

Por ello IU preguntará si ha presentado el Ayuntamiento de Valladolid, o alguno de sus departamentos, alegaciones, sugerencias o escritos de cualquier tipo a la Consejería de Fomento relacionados con la ley y decreto-ley antes citados, y en qué sentido se manifestaban.

Asimismo, en la sesión plenaria de mañana IU planteará otra pregunta sobre la aplicación en Valladolid del decreto que dejó sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares al cumplirse un año de su entrada en vigor.

Esta norma, que según los datos de IU afecta a 873.000 personas en toda España, "ha sido, lógicamente, muy contestada", y en palabras de Amnistía Internacional, citadas por el grupo político vallisoletano, debe considerarse "regresiva y discriminatoria".

IU ha añadido que ha llevado este asunto en varias ocasiones al Consejo Municipal de Inmigración, e incluso llegó a solicitar una convocatoria extraordinaria para tratarlo específicamente. Sin embargo, ha transcurrido un año desde su entrada en vigor, "y parece no sólo oportuno, sino exigible, conocer concretamente cuáles han sido los resultados de su aplicación en el caso de la ciudad de Valladolid".