Al respecto, la presidenta de esta asociación, Beatriz Garrote, ha explicado que el objetivo de esta asociación es personarse en la instrucción para saber qué diligencias ha solicitado Fiscalía para decidir "si se suman a ellas o si piden otras nuevas".

Esta decisión la han tomado después de que el pasado 22 de julio la Fiscalía solicitara reabrir las diligencias por el accidente al considerar que "existen hechos y datos nuevos y otros que en su momento no se valoraron que pudieran afectar al estado de la unidad siniestrada".

Al respecto, Garrote ha señalado, ante la posibilidad de que la juez Nieves Molina reabra las diligencias, que desde la AVM3J son "muy cautos" tras la "incorrecta instrucción" que se llevó la primera vez en la que "se limitó al tema de la velocidad, pero no a las medidas de seguridad ni al estado del convoy" siniestrado.

Pese a esta "experiencia previa" no obstante, confían en que pueda abrirse una instrucción "completa, seria y amplia que analice todas las causas y la falta de medidas de seguridad y no sólo se responsabilice al conductor".

La Fiscalía de Valencia había iniciado la investigación de dos denuncias interpuestas, la primera de ellas presentada por la diputada del PSPV en las Corts Valencianes, Ana Barceló, y otra por Antonio Marín Segovia, portavoz de Cercle Obert de Benicalap y otra persona.

Ambas se presentaron después de la emisión del programa de televisión 'Salvados', en el que, entre otras cosas, se recogían testimonios en los que se afirmaba que los trabajadores que declararon en la comisión de investigación de las Corts Valencianes sobre la tragedia recibieron instrucciones sobre lo que debían decir.

Ahora, la Fiscalía advierte de que los hechos "podrían ser constitutivos de 43 delitos de homicidio por imprudencia profesional y 47 delitos de lesiones por imprudencia profesional, que no estarían prescritos en atención a las penas que llevan aparejadas".