La secretaria de Educación del PSOE de Andalucía, Esther Ruiz, ha criticado este domingo de que la nueva ley de educación del Gobierno del Partido Popular "es una ley segregadora que retrocede en el tiempo a la época más franquista", ya que para el PSOE andaluz en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) "no hay cabida ni para el esfuerzo ni para el talento de los estudiantes".

Por contra, en un videoblog publicado este domingo en la página web del PSOE-A, recogido por Europa Press, Ruiz ha destacado la labor del Gobierno andaluz por garantizar una educación "de calidad y gratuita", y por continuar luchando por la igualdad de oportunidades frente a las "carencias" que, a su juicio, "sufren los estudiantes españoles por la nueva ley de educación aprobada por el Gobierno del PP".

"Hay alumnos con dificultades de aprendizaje o necesidades educativas especiales que con el sistema educativo que tenemos en Andalucía pueden llegar a estudiar cursos y títulos superiores, pero con la ley del Gobierno central ese tipo de alumnado no tendría cabida para estudiar cursos superiores", ha indicado la secretaria de Educación para poner en valor la apuesta de la Junta de Andalucía por una educación de calidad basada en la igualdad.

En cuanto al nuevo decreto-ley de becas, la dirigente socialista lo ha tachado de ser "una barbaridad", ya que para los socialistas andaluces "el recorte presupuestario y las limitaciones que implican el decreto supone que un gran número de estudiantes no podrá seguir cursando sus estudios superiores", a diferencia de la gestión del Gobierno socialista, que, según ha asegurado, "garantizará una beca compensatoria de 1.500 euros para los estudiantes que no reúnan las exigencias del Gobierno central para obtener una ayuda al estudio".

La secretaria de Educación del PSOE andaluz también ha querido hacer hincapié en que Andalucía es una de las comunidades autónomas que garantiza el acceso a la educación, "pues cursar un año académico puede llegar a costar 750 euros aproximadamente y en cambio en Cataluña el coste se eleva hasta los 2.000 euros".