Los guardias civiles asignados al puesto de Palmanova, en el municipio mallorquín de Calvià, han recibido la orden de tratar de manera diferente a los detenidos "de raza negra", ha denunciado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) que ha pedido que se depuren responsabilidades por esta orden ilegal.

La asociación ha manifestado en un comunicado que rechaza dicha instrucción que considera "ilegal, racista y xenófoba", y ha solicitado a la Dirección General de la Guardia Civil que depure responsabilidades en el puesto de Palmanova de donde surgió.

Las instrucciones sobre cómo tratar a los detenidos negros fueron dadas por escrito a los agentes el pasado 8 de julio por la teniente comandante del puesto de Palmanova, e indican que cuando se detenga o se reciba a un detenido de la Policía Local que sea "de raza negra, de cualquier nacionalidad o procedencia y con independencia del motivo de la detención", deben avisar al jefe del área de Investigación.

Según el documento facilitado por la AUGC, los agentes recibieron la orden de no realizar "diligencias de aviso a familiares ni ninguna otra hasta que el jefe de área dé las instrucciones oportunas" y tan solo procederán a "la lectura de derechos, exposición de la patrulla y recepción si lo hubiera traído la Policía Local".

AUGC considera que esta orden es "contraria a derecho, ilegal y con claros tintes xenófobos" y su cumplimiento supone, además de "un quebranto de los derechos de las personas detenidas, de graves consecuencias para los agentes", también "el incumplimiento de uno de los principios básicos de actuación recogidos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986" de actuar de forma imparcial.

La asociación de guardias civiles ha recordado que dicha norma establece que los agentes deben actuar en el cumplimiento de sus funciones "con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión".

Según la AUGC, las instrucciones dadas en Calvià también son contrarias a normas y tratados comunitarios e internacionales contra la discriminación por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo.

AUGC ha recordado que el año pasado denunció ante el Defensor del Pueblo otras órdenes que considera "de muy dudosa legalidad", recibidas por agentes en diferentes lugares de España, de identificar a un número mínimo de personas, "lo que obliga a los agentes a identificar por identificar", y a "personas extranjeras de las que podría ser interesante conocer sus movimientos".

La asociación ha manifestado que rechaza "este tipo de comportamientos claramente ilícitos y xenófobos que atentan claramente contra los Derechos Humanos".