IULV-CA ha abogado este miércoles por unos presupuestos andaluces para 2014 de "resistencia" frente a las "imposiciones" del Gobierno de Mariano Rajoy y de la 'troika', lo que debe combinarse "con la movilización en defensa del Estatuto de Autonomía" y de la soberanía andaluza.

En rueda de prensa, el coordinador de la Comisión Ejecutiva de IULV-CA, José Manuel Mariscal, ha explicado que las "líneas rojas" de IULV-CA en relación con esos presupuestos están perfectamente plasmadas en el acuerdo por Andalucía que se firmó con el PSOE-A y más que como una "limitación", deben concebirse como un avance, puesto que se trata, por ejemplo, del mantenimiento del empleo público y del poder adquisitivo de los empleados públicos, especialmente en la sanidad, en la educación y en los servicios sociales.

"Para nosotros, eso es una cuestión que está negro sobre blanco en el acuerdo y sabemos que eso se va a mantener así, porque el acuerdo se está manteniendo", ha expresado.

El Consejo Andaluz de IULV-CA abordará debatirá en su reunión del sábado sobre la posición de cara al debate de investidura de la próxima semana y acerca de los presupuestos, en relación con los cuales quiere abrir una ronda de reuniones con sindicatos y colectivos sociales.

Asimismo, Mariscal ha expresado el apoyo a la decisión del Consejo de Gobierno de requerir al Gobierno de España que modifique el reparto del objetivo de déficit fijado para el periodo 2014-2016 entre la Administración central y las comunidades autónomas y a su Gabinete Jurídico para ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción contencioso-administrativa en caso de no ser atendido.

Para el dirigente de IU-CA, sin duda, se ha hecho un reparto del objetivo de déficit entre las distintas comunidades "absolutamente injusto" y ha criticado que el Gobierno central no haya decidido a las regiones un mayor margen de lo que le permitió Bruselas.

En su opinión, la "vuelta de tuerca" del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, contra la administración autonómica, y sobre todo, contra Andalucía, "es simplemente una invitación de carácter mafioso", para que las autonomías y ayuntamientos privaticen servicios públicos.