El ministro de Trabajo de Grecia, Yannis Vrutsis, anunció este martes empleos sociales a 50.000 parados por un periodo de cinco meses durante los que cobrarán un salario por debajo del mínimo interprofesional. Según explicó el ministro, se dará prioridad a personas paradas de familias en las que ningún miembro tenga trabajo y se les empleará en oficinas de la administración local y regional, escuelas y otros servicios públicos.

"Los parados irán entrando al programa poco a poco y su selección se hará con absoluta transparencia", prometió Vrutsis. Para la selección de los candidatos al programa, que comenzará el próximo día 15 de septiembre, se tendrán en cuenta los años que la persona lleva desempleada, los ingresos anuales de la familia y el número de menores a su cargo.

El salario neto para estos trabajadores temporales será de 490 euros mensuales para los mayores de 25 años y de 427 para los menores de dicha edad. Los 216 millones de euros que se han destinado a este programa provienen de subvenciones del Fondo Social Europeo (FSE) y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El principal partido de la oposición, el izquierdista Syriza, acusó al Gobierno de "vender a los desempleados" a través de "programas de trabajo temporal y mal pagado".

El Gobierno "no aborda el problema del desempleo sin precedentes creado por las políticas de los memorándum, ya que no recicla a los desempleados, que tras los cinco meses volverán a quedarse en paro", denunció el portavoz de la formación progresista, Dimitris Stratulis. El pasado mayo, la tasa de paro en Grecia se situó en el 27,6 %, la mayor de las últimas décadas, y actualmente casi 1,5 millones de griegos no tienen trabajo.

Al mismo tiempo, el Gobierno que dirige el conservador Andonis Samarás se prepara para presentar en septiembre a la troika la lista con los nombres de 12.500 funcionarios que pasarán a un esquema de reserva laboral mediante el cual serán evaluados y, si en un periodo de ocho meses no se les encuentra trabajo en otro puesto de la Administración, serán despedidos definitivamente.

Otros 12.500 funcionarios entrarán en este esquema hasta el final de año, mientras que otros 15.000 empleados públicos deberán ser directamente despedidos entre este año y el próximo, según el acuerdo alcanzado con los acreedores internacionales