Unos 60 supuestos casos de bebés robados esperan una solución en varios Juzgados de Madrid para conocer la verdad, depurar responsabilidades y encontrar a los niños desaparecidos.
La mayoría de las denuncias procede de miembros de la Asociación Sos Bebés Robados de Madrid, que tiene abiertos 72 expedientes, de los cuales 12 están en estudio por su complejidad y 60 se encuentran en distintas fases de tramitación en los tribunales.
En concreto, 50 denuncias se hallan pendientes de diversas diligencias y pruebas judiciales y diez cuentan con autos de archivo, todos ellos recurridos, excepto dos, en los que ya no hay recurso posible.
Un pequeño número de denuncias proviene de miembros de la Asociación Nacional de Adopciones Irregulares (ANADIR) y de mujeres que cuentan con el asesoramiento de abogados particulares o letrados de oficio.
Dificultades burocráticas
La principal dificultad que se encuentran las familias que quieren presentar una denuncia estriba en la recopilación de información sobre los casos de más de 20 años de antigüedad.
En algunas ocasiones, los afectados conservan documentación, pero la mayoría de las veces tienen que recabar datos de instituciones, cuyo personal desconoce dónde están los archivos más antiguos.
El abogado de la Asociación Sos Bebés Robados de Madrid, Guillermo Peña, considera que la oficina que el Ministerio de Justicia puso en marcha para atender a los afectados por estos casos con el fin de facilitarles datos registrales y sanitarios para que puedan iniciar una investigación, aporta información con "cuentagotas".
Algunas de las denuncias que se tramitan en los Juzgados se ven abocadas al archivo porque los jueces no encuentran indicios de delito en casos de bebés fallecidos o porque no hay documentación para verificar las afirmaciones de los denunciantes.
Hasta el momento, en tres casos, están imputados cuatro médicos −una ginecóloga del Hospital de La Paz, dos exdirectores de las Clínicas San Ramón y Santa Cristina y el jefe de Neonatología de este último centro−, tras el fallecimiento el 22 de enero de este año de la religiosa María Gómez Valbuena, que fue la primera persona imputada en varias causas.
Casos concretos
El primer caso de bebés robados que llegó a los Juzgados fue el de María Luisa Torres, una madre que acusó a la monja María Gómez Valbuena de arrebatarle a su hija en la Clínica de Santa Cristina en 1982.
Torres aguarda ahora una respuesta de la Audiencia Provincial de Madrid al recurso interpuesto contra el archivo de la causa como consecuencia del fallecimiento de la religiosa, que figuraba como única imputada.
La ginecóloga del Hospital de La Paz Paloma María P.S. está imputada en el caso abierto a raíz de la denuncia presentada por María del Mar Sánchez por la desaparición de un hermano al que dio a luz su madre, Petra Gallardo Solís, en 1980 en ese centro.
El exdirector de la Clínica San Ramón, Eduardo Vela, está imputado en el caso denunciado por Inés Madrigal, que fue "un regalo" a su madre adoptiva, Inés Pérez, en 1969.
Por su parte, el exdirector de la Clínica Santa Cristina, José Zamarriego, y el jefe del Departamento de Neonatología, Ceferino de la Calle, están imputados en la denuncia planteada por Purificación Betegón por la desaparición de dos gemelas nacidas en 1981.
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