La organización ecologista Greenpeace ha pedido este sábado a la Junta de Andalucía y a los ayuntamientos de la comunidad autónoma que se declaren "insumisos" y no apliquen la modificación de la Ley de Costas aprobada por el Gobierno de la Nación por considerar que "sólo lleva a continuar con la especulación y la destrucción del litoral".

El delegado de Greenpeace en Andalucía, Juan de Dios Fernández, ha valorado que el Ejecutivo autonómico tomase la decisión de recurrir la reforma de la Ley de Costas ante el Tribunal Constitucional (TC), pero ha animado al gobierno de coalición que integran PSOE-A e IULV-CA a dar un paso más y declararse "insumiso" en la aplicación de una normativa que "atenta contra la protección medioambiental" del litoral andaluz.

En declaraciones a Europa Press, Fernández ha subrayado además que la modificación legal promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy no sólo constituye "un absoluto fracaso desde el punto de vista medioambiental", sino también desde la perspectiva "social y económica".

Proteger al menos los primeros 500

Metros de litoral

En la misma línea, Pilar Marcos, representante de Greenpeace a nivel estatal, también ha instado a la Junta a que su rechazo a la modificación de la Ley de Costas impulsada por el Ejecutivo central "no se limite solo palabras y se traduzca en una actuación contundente".

En este sentido, ambos ecologistas han hecho un llamamiento a las comunidades autónomas para llevar a cabo normativas "más benevolentes" con la protección del medioambiente, y en el caso de los ayuntamientos, que "se declaren insumisos y protejan los primeros 500 metros de litoral por el bien del hoy y de las generaciones futuras".

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha el Plan de Protección del Corredor del Litoral Andaluz que, según Greenpeace, "aún sin ser una medida óptima porque contempla la construcción de 55.000 viviendas nuevas, lo que es una barbaridad teniendo en cuenta la situación del litoral, sí es una mejora respecto a la actual Ley de Costas".

La modificación de la Ley de Costas llevada a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy permite a los ayuntamientos, en caso de que estos lo consideren necesario y previa petición al Ejecutivo, reducir la protección del litoral de cien a 20 metros. "Este ha sido el argumento que ha usado la Junta para interponer recurso de inconstitucionalidad a la nueva Ley", ha cerrado Marcos.